La portavoz municipal, Flora Bellón, no ha dudado en reconocer como un «mazazo económico» que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación que se interpuso en su día por parte del Ayuntamiento en contra de la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) y que, por tanto, declara firmes las sentencias del TSJ-CLM y del Juzgado de lo Social; con ellas, se condenaba al Ayuntamiento a pagar las diferencias salariales en las retribuciones de los trabajadores de los Planes de Empleo de entre 2015 y 2016. La sentencia se dio a conocer al Consistorio el pasado 10 de julio y así lo dio a conocer La Tribuna el pasado domingo.

No llega en el mejor momento porque aunque las arcas municipales nunca han estado del todo bien, se produce al poco de confirmarse los 4,6 millones de euros de remanente negativo de tesorería del pasado presupuesto y con las consecuencias económicas del Coronavirus aún muy presentes.

Por todo ello, Bellón ha indicado que desde el equipo de Gobierno se va a hacer frente a la situación «adoptando decisiones con responsabilidad y buscando el equilibrio» entre lo que es la contención del gasto y poniendo en marcha una serie de medidas que hacen falta, «sobre todo, a los que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica y a los que no queremos ni vamos a dejar atrás».

En la misma línea, ha expuesto que «queremos revitalizar la actividad económica en la ciudad», recordando que ya se han puesto en marcha diversas medidas, porque «queremos estar al lado de los que más lo necesitan». Teniendo en cuenta esta situación económica y financiera, ha subrayado que, «poco a poco y paso a paso, estamos obligados a tomarlas para ir sacando adelante la ciudad».

Bellón ha asegurado que este auto es un «mazazo económico» para el Consistorio, que está obligado a cumplir con esa sentencia. Concretamente, ha detallado que las diferencias salariales totales, correspondientes a todos los planes de Empleo que se han gestionado en los últimos años por parte del Ayuntamiento, se refieren a 2015, 2016, 2017 y 2018. Los planes de estos años, más los pagos de la Seguridad Social, ascienden a un total de alrededor de 14 millones de euros.

Pero, en concreto, este auto se refiere al conflicto colectivo que se interpuso contra las convocatorias de 2015 y 2016, por lo que se baraja una cantidad de unos 7 millones de euros, contando que también hay que pagar por las diferencias en las cotizaciones a la Seguridad Social.

«Prepotencia». La portavoz municipal ha manifestado que el auto llega «cuando ya tenemos, también, sobre la mesa un remanente negativo de tesorería de 4,6 millones de euros y cuando nos enfrentamos a una más que previsible caída de los ingresos en el Ayuntamiento, como consecuencia de una pandemia sanitaria que ha provocado una paralización de la actividad económica», y que va a afectar a todos los niveles, «especialmente en materia de ingresos».

Lejos de querer poner el foco sobre los responsables de esta situación económica, Bellón ha querido recordar que fueron los gestores anteriores del PP, con Jaime Ramos y Santiago Serrano, los que «con su prepotencia llevaron a los tribunales esta cuestión que, ahora, nos ha costado esta cuantía tan importante para las arcas municipales».