Los juzgados de Toledo ubicados en la calle Marqués de Mendigorría fueron el lugar escogido por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más grande de España por volumen de asociados, para celebrar su comité nacional. La entidad, bajo la que se agrupan alrededor de 900 jueces y fiscales de todo el país, decidió reunirse en Castilla-La Mancha «como gesto de apoyo a los jueces más desfavorecidos del país», explicó el portavoz de la asociación, Raimundo Prado. Según las últimas cifras hechas públicas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la comunidad autónoma disfruta de nueve jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de las medias española (once por cada 100.000) y europea (21 por cada 100.000). La escasa profundidad de la plantilla «produce demoras y redunda en perjuicio de todos los ciudadanos».
Prado lamentó la situación organizativa que padece la Justicia en España, apuntando a la excesiva carga de trabajo de sus profesionales y la pobre atención que reciben por parte del Ministerio. El 23 de enero, las diferentes asociaciones del sector volverán a reunirse. «No podemos seguir así, nos planteamos tomar decisiones drásticas para que nos hagan caso», indicó el magistrado. La opción de que la judicatura convoque una huelga como medida de presión en las próximas semanas toma cuerpo. «Sin actos ostensibles de protestas parece que no se nos escucha», remachó el compareciente. En mayo y noviembre del pasado año, con gobiernos de diferente color político, los profesionales de la Justicia secundaron sendos paros en el ámbito de su actividad.
«La Justicia es la gran olvidada, no interesa y nunca está en los debates electorales, pero es la base del Estado de derecho y la seguridad jurídica crea riqueza, estabilidad y empleo», dijo Prado. La magistratura lamenta que su estructura administrativa no haya sido prioritaria para ningún Gobierno en España y exige respeto para el Poder Judicial. El portavoz de la asociación cifró en alrededor de un millón las sentencias de diferentes jurisdicciones que se firman cada año en España, veredictos redactados por unos 4.500 jueces en ejercicio.
Desde la Asociación Francisco de Vitoria mostraron su intención de ampliar el tamaño de las plantillas. La medida, una vieja reclamación entre las organizaciones vinculadas al gremio, se ha convertido una necesidad primordial en los últimos tiempos. La extensión del número de trabajadores también beneficiaría a Castilla-La Mancha, la región con el tejido administrativo de Justicia menos denso. «Nos gustaría que en España hubiera el doble de jueces de los que hay ahora: entendemos que presupuestariamente no es asumible de un año para otro, pero sí se debe hacer progresivamente».
El colectivo de jueces y fiscales apuesta por la ampliación de personal como única vía para evitar la paralización de la administración. «No queremos humo ni promesas», proclamó Prado. La dirección de la asociación de profesionales empleados en el Poder Judicial aguarda a la reunión del día 23 con sus otras homólogas para decidir si las movilizaciones previstas cristalizan en una nueva huelga de togados.