En estos días de vacaciones navideñas quizá lo mejor que se puede decir es que ‘el coche no es ningún juguete’, uno de esos eslóganes de campañas de seguridad vial de hace tiempo que ayudan a los conductores a concienciarse de los riesgos y de las consecuencias de infringir el Reglamento de Circulación, más allá de posibles sanciones. A los tribunales llegan todos los años un aluvión de asuntos relacionados con la seguridad vial y la mayor parte terminan en sentencias condenatorias.

Los datos suelen ser muy llamativos. En España, hay más de 5.000 personas en prisión por delitos relacionados con la seguridad vial y  los jueces llegaron a dictar casi 90.000 sentencias el pasado año en el territorio nacional, de las cuales el 67,1% guardaban relación con los delitos de conducción bajo la influencia de alcohol y tóxicos, los más frecuentes desde hace años.

En este sentido, la provincia de Toledo sigue la misma tónica, ya que los juzgados emitieron 548 sentencias a lo largo de 2018, aunque lo cierto es que no se decretó ninguna medida de prisión.

La memoria de actividad de la Fiscalía Provincial de Toledo refleja que se abrieron 270 diligencias previas contra conductores por este motivo, un 18,4% más que en 2017. Por tanto, se incoaron 506 diligencias urgentes y 144 procedimientos abreviados en 2018, con lo que el volumen de asuntos exige una importante dedicación de la plantilla de fiscales de Toledo.

Los datos ayudan a ilustrar una problemática grave muy presente en los accidentes de tráfico. En este caso, el Instituto de Toxicología publicó un informe hace meses en el que se desvela que el 40% de los conductores fallecidos había ingerido alcohol o tomado drogas, fundamentalmente cannabis y cocaína. Además, el estudio aporta una segunda lectura, el aumento del consumo de tóxicos en los últimos años y el descenso en cinco puntos de la ingesta de alcohol en los conductores.

Los jueces y fiscales también ven muchos asuntos relacionados con negativas a la realización de las pruebas de alcohol y drogas. La conducta no termina ahí y en la mayoría de los casos la conducta llega a los juzgados. En este caso, se registraron 15 asuntos el año pasado, once más que el anterior y se dictaron 25 sentencia.

otras infracciones. En la memoria de la Fiscalía de Toledo también figura otro delito significativo, conducir un vehículo sin el permiso obligatorio. Los tribunales tuvieron conocimiento de 155 casos el año pasado, un 13,1% más que en 2017. Tras la tramitación correspondiente, estos asuntos terminaron en 377 condenas.

En este caso, el fiscal de sala coordinador de la Seguridad Vial en nuestro país, Bartolomé Vargas, destaca especialmente la eficacia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en materia de seguridad vial, una labor que muestra una importante relación con ese aumento de la actividad delictiva en las carreteras y del número de sentencias.

Las estadísticas apuntan que una de cada tres fallos condenatorios relacionados con la seguridad vial se relacionan con el exceso de velocidad, una de las causas más frecuentes en la carretera. Sin embargo, a los juzgados de la provincia de Toledo no llegaron estos asuntos con cuentagotas, ya que se contabilizaron siete a lo largo de 2018, cinco más que el año anterior.

Si bien, también hay que sumar los 33 delitos de conducción temeraria, que suponen un incremento del 17,9%, y las 19 sentencias que se emitieron. Asimismo, también figuran en la memoria de la Fiscalía de Toledo los delitos de conducción con desprecio por la vida. En esta ocasión, no se ha contabilizado ninguno, pero en 2017 sí se ingresaron tres asuntos de esta naturaleza.

La memoria de la Fiscalía no especifica si las sentencias son o no condenatorias ni si algunas de ellas se cumplen con trabajos en beneficio de la comunidad, pero cada vez es más frecuente y va en aumento. De momento, suponen el 22% de las penas en líneas generales, lo que significa un importante avance en la reinserción y muchas más posibilidades de que los conductores infractores vuelvan a la carretera con buena conducta.