El ‘caso El Quiñón’, diez años después de que lo denunciara Izquierda Unida y ocho después de que motivara una querella de la Fiscalía Anticorrupción, ha llevado a un juicio contra el exalcalde de Seseña José Luis Martín Jiménez (PSOE) por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía  y la Acusación Popular planteada por IU tratan de vincular las decisiones que adoptó el exregidor en 2003 para facilitar la aprobación de la construcción del gran barrio seseñero con su participación presuntamente injustificada en movimientos de al menos más de dos millones de euros detectados en cuentas bancarias y empresas inmobiliarias en las que participaba en aquella época. Da idea del volumen de dinero no justificado que, junto a la condena de cárcel, la Fiscalía reclama para él una multa de 2,4 millones de euros.

Martín no está sólo en el banquillo. Le acompañan sus tres hijos, con los que compartió cuentas bancarias utilizadas en el manejo de estos capitales de origen dudoso, y dos socios suyos en sociedades inmobiliarias también  implicadas en estos movimientos de dinero.

Aún así, la acusación planteada por la Fiscalía Anticorrupción, tras los siete largos años de pesquisas desarrollados en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas, queda muy lejos de lo planteado en su querella inicial. Han desaparecido las acusaciones de prevaricación, fraude a la Hacienda Pública,  y cohecho (soborno a funcionario).

El otro gran protagonista en la creación de El Quiñón, el promotor Francisco Hernando ‘El Pocero’, no está acusado por este proceso. Deberá declarar en él sólo como testigo de lo ocurrido.

El Quiñón y el dinero.

La Fiscalía narra en su escrito de acusación, por una parte, el proceso de aprobación de El Quiñón como proyecto cuando Martín era alcalde. Su descripción se centra en un Pleno Extraordinario convocado por el entonces alcalde el ocho de mayo de 2003, semanas antes de que perdiera el bastón de mando en las elecciones municipales de aquel año, a fin de dejar aprobado el proyecto de actuación urbanizadora (PAU) de El Quiñón, su adjudicación a Onde 2000 (la empresa de Hernando) y el convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento renunciaba al 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico de este proyecto de 13.500 viviendas, a cambio de recibir 260 pisos construidos.

Martín defendió la aprobación de estos asuntos en el Pleno afirmando que «constaban todos los informes y que eran favorables», pero sabiendo que faltaba un informe preceptivo, el de impacto ambiental. También defendió que  El Quiñón contaba con un Plan Especial de Infraestructuras (PEI), aunque el informe emitido por la Junta afirmaba sobre esto que existían reparos «cuyo incumplimiento hacía inviable la aprobación» del proyecto en su conjunto, subraya la Fiscalía. Además, un informe jurídico del Ayuntamiento  defendía «un estudio más profundo y detallado» del proyecto de El Quiñón.

La Fiscalía recuerda que esta aprobación instada por Martín fue anulada por el Ayuntamiento tiempo después por estos defectos, por lo que hubo que reiniciarse el procedimiento para que quedara aprobado en diciembre de ese año.

Por otro lado, la fiscal describe los distintos movimientos de fondos en que se vio implicado Martín en los años inmediatamente anteriores y posteriores a su aprobación de El Quiñón. Por un lado, destaca que figuraba como titular en 47 cuentas bancarias, en las que recibió ingresos entre 2001 y 2005  de unos 143.500 euros. A esto se suman otras cuentas que abrieron sus tres hijos también acusados, en las que se recibieron 758.600 euros entre 2001 y 2005. Algunos ingresos fueron efectuados por el exalcalde.

También se han detectado ingresos de origen desconocido por valor de 144.700 euros en una sociedad de dos de los hijos. Esta sociedad también cobró 700.000 euros de dos compañías inmobiliarias.

Tres hectáreas de secano: de medio millón a dos millones de euros

La acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción en este caso se centra en el caso de una compra de una finca de unas tres hectáreas de secano situada cerca de El Quiñón, y cuyo valor se multiplicó por cuatro en tres años.

En 2003, el propietario original de la finca otorgó una opción de venta a una inmobiliaria por valor de 462.400 euros. Pero unas sociedades participadas por el exalcalde y dos socios suyos también acusados iniciaron un proceso por el que adquirieron la finca a la inmobiliaria por un millón de euros en 2004, para luego venderla a Onde 200o en 2006 por 2,2 millones.

Ayer declararon en el juicio, como testigos, comerciales que participaron en las compraventas de esta finca. Estos justificaron su revalorización como algo normal en los tiempos del ‘boom inmobiliario’, que en el caso de esta tierra se reforzaba además por su carácter estratégico al estar cerca de la entrada sur de El Quiñón y la autovía A-4.