Hoy se retoma la agenda parlamentaria en las Cortes regionales (a menos que las consecuencias de Filomena lo retrasen u obliguen a volver temporalmente a la actividad telemática). En teoría arranca el primer período de sesiones de 2021 con la reunión de la Mesa, el órgano que decide qué leyes entran a la Cámara y de qué se debate en los plenos. Es tradición que en esta primera reunión el Gobierno regional presente sus previsiones legislativas, es decir, qué leyes está elaborando en estos momentos y que podría remitir a las Cortes en los próximos meses para su debate, posible modificación y aprobación.

No hay que tomar como seguro a pies juntillas lo que aparecerá hoy en esas previsiones. Hay leyes que el Gobierno regional tiene en agenda durante varios períodos de sesiones, que se van retrasando y al final se aplazan para el siguiente. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2020 el representante del Ejecutivo trasladó la intención de llevar antes de que acabara el año algunas leyes que no llegaron finalmente como la LGTBI, la de la Cámara de Cuentas, Despoblación o Juego.  También puede ocurrir lo contrario y que haya leyes que se voten y aprueben aunque no estuvieran en esas previsiones. Así ocurrió en el pasado período de sesiones con la que se elaboró en contra de la ocupación ilegal.

En función de las normativas que en estos momentos están en tramitación por parte del Gobierno regional (alguna con más de un borrador a sus espaldas), y sin descartar que haya nuevas sorpresas en la reunión de esta mañana o a lo largo de 2021, estas son las leyes que se podrían estrenar en Castillla-La Mancha en este año.

Ley SUMA

Todo apunta a que será el ‘primer bebé del año’ en las Cortes. Ya está en el Parlamento y  los partidos han presentado sus enmiendas, así que solo faltaría la Comisión para estudiar dichas modificaciones, que se ha convocado para pasado mañana, y que se vote en pleno. Fue a principios de noviembre cuando las Cortes dieron luz verde a la tramitación del proyecto de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (más conocido como Ley SUMA), presentada por el PSOE y Ciudadanos en el marco del pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha.

Entre otras medidas, la Ley SUMA prevé la potenciación de la comunicación previa y la declaración responsable. El promotor de obras menores, primeras ocupaciones o instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, podría iniciarlas al día siguiente.

Podrán autorizarse en el suelo rústico, en el urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables tipo ferias o alojamientos para temporeros,  mercados ambulantes o actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y actividades empresariales cuando no lo prohíba el planeamiento.

Ley del Paisaje

De la Ley del Paisaje hay en estos momentos un borrador. Esta normativa obligará a la Junta a elaborar unos Catálogos de Paisajes, en los que se recogerán los tipos de paisaje que hay en la región y se delimitarán las unidades de paisaje.  Se tendrán que especificar sus valores y también las causas de su deterioro.

Todo esto es fundamental para las Directrices del Paisaje que también tendrán que elaborar la Junta, que serán específicas para cada unidad de paisaje y que tendrán contenido normativo. En estas directrices se fijarán los objetivos de calidad paisajística y en qué medida se tendrán que priorizar para planes sectoriales, de ordenación territorial y urbanística.

La nueva ley también recogerá cierto trato de favor para los proyectos de empresas que busquen mejorar el paisaje o que contemplen medidas correctoras o compensatorias del impacto en el mismo.

Ley de Despoblación

De esta normativa hay ya dos borradores hechos. Y lo último que hicieron las Cortes el pasado año fue cerrar las conclusiones de una Comisión específica de Despoblación por la que ha pasado un nutrido grupo de expertos. La portavoz del Gobierno apuntó en su balance de 2020, que podría estar para el primer semestre de 2021.

Según lo que aparece por ahora en el borrador, aunque no se concreta qué impuestos se van a bonificar ni en qué cuantía, sí se habla ya de beneficios fiscales tanto en los tributos propios de la Junta, como en los tributos cedidos por el Estado a la comunidad. En este último caso, podría suponer el establecimiento de deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y tipos reducidos, bonificaciones o deducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La Junta también se plantea usar la herramienta de la contratación pública «como instrumento para luchar contra la despoblación». Este borrador confirma un sistema de complementos a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la Administración General del Estado las empresas ubicadas en el medio rural.

Ley del Juego

De la Ley del Juego, que ya entró en las previsiones legislativas de la Junta del pasado año, hay en estos momentos un borrador hecho. Y tiene pinta de que será muy restrictiva. El texto, por ejemplo, marca una distancia mínima de 150 metros entre un local y otro y prohíbe la instalación de este tipo de recintos a menos de 300 metros de la puerta de un colegio o instituto.

La normativa refuerza el control del acceso a los locales donde se juega. Se exigirá que todas sus entradas cuenten con un sistema automatizado y homologado de control, destinado a impedir el paso de aquellas personas que lo tengan prohibido. Un sistema que tendrá que estar permanentemente actualizado.

Y también se endurecerá el régimen sancionador, con multas de hasta 600.000 euros. Dentro de este catálogo de infracciones muy graves se incluye la de permitir el acceso a locales de juego a personas que lo tengan prohibido (entre otras, los menores).

Ley LGTBI

De la ley para la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales se lleva hablando en la región desde la pasada legislatura y también entró en las previsiones de 2020. La consejera de Igualdad apunta que 2021 podría ser su año. Lo que ya hay sobre la mesa es un borrador. El texto prevé la creación de una unidad especializada de atención multidisciplinar a personas trans dentro del Sescam, «con la colaboración activa de las entidades que trabajan por la defensa de los derechos» de este colectivo.

El Servicio de Salud regional cubriría los tratamientos hormonales y cirugías necesarios para llevar a buen puerto el cambio de sexo, incluyendo tanto las operaciones genitales como las de tórax y las faciales, así como las prótesis no quirúrgicas que las personas trans pudieran necesitar en su proceso de tránsito y los tratamientos (quirúrgicos y no quirúrgicos) para modular el tono y el timbre de su voz.

En el caso de los menores trans, esta ley también les reconocerá el derecho a recibir un tratamiento provisional para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y de un tratamiento hormonal cruzado según vayan creciendo.

Ley del Agua

También de la Ley del Agua se lleva hablando desde la legislatura pasada. No entró en las previsiones legislativas del último período de sesiones y es que desde el Gobierno regional se están acompasando los tiempos para ver también qué pasos da el Gobierno de España y además buscaba un acuerdo regional por el agua que se alcanzó a finales de 2020.

Lo que ya hay es un borrador y antes de que se apruebe siquiera como anteproyecto ya se está aireando mucho en el debate político la posibilidad de creación de un canon medioambiental sobre el uso y consumo de agua, algo que aparece en ese texto. Sería un impuesto ‘verde’ con finalidad extrafiscal –es decir, que su objetivo va más allá de la mera recaudación– y cuyos beneficios se destinarían a la construcción de infraestructuras hidráulicas y a la preservación medioambiental de este recurso. Las viviendas tendrían que pagar una cuota fija de 2 euros al mes, a la que habrá que sumarle una cantidad variable en función del consumo y que podría elevar la factura hasta 60 céntimos por metro cúbico.

Cámara de Cuentas

La Ley de la Cámara de Cuentas es una normativa que tendrá que hacer el Gobierno regional para resucitar un órgano propio para auditar las cuentas públicas de la Junta. Esa era la función que hacía la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, que luego eliminó el Gobierno de Cospedal. A partir de ese fomento la fiscalización de las cuentas o contratos las ha realizado el órgano que hay a nivel nacional, el Tribunal de Cuentas. Por ahora no hay borrador del texto, aunque entró en las previsiones de 2020.

¿Y qué va a pasar con la reforma del Estatuto?

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha parece gafada. A comienzos de 2020 parecía haber bastante sintonía entre el Gobierno y los tres grupos parlamentarios:PSOE, PP y Ciudadanos para abordarla... pero llegó el coronavirus y la reforma ha salido de la agenda de prioridades de la Junta y de los partidos.

No es que se haya renunciado a llevar a cabo dicha reforma en esta legislatura, pero el tiempo juega en contra. No está en estos momentos sobre la mesa y su elaboración llevará más tiempo que otras leyes porque además en aquella primera reunión entre el Gobierno regional y los partidos se llegó al acuerdo de que habría que hacer un texto nuevo. Además el trámite no termina en las Cortes regionales, sino que luego se tendría que aprobar en el Congreso de los Diputados.

Si de aquí saliera con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, estos tres partidos tendrían votos suficientes para aprobar el texto en Madrid, pero no hay que fiarse porque eso no ocurrió así en la intentona de reforma que hizo Barreda, que naufragó por las reivindicaciones en materia de agua.

Además la reforma del Estatuto tiene otra derivada en Castilla-La Mancha. Es imprescindible para poder cambiar la Ley Electoral y aumentar el número de diputados. En estos momentos sigue en vigor la horquilla aprobada por Cospedal entre 25 y 35 parlamentarios.