El Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) ha dado un pequeño paso para estudiar las necesidades de los juzgados penales en relación con los asuntos de violencia sobre la mujer y establecer la creación de órganos especializados en las capitales de provincia. La noticia podría pasar desapercibida, sobre todo, porque no es la primera vez que se habla de esta necesidad, pero esta vez se ha dado mayor difusión porque viene apoyada también por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y se trata de cumplir las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado hace prácticamente dos años.

Toledo se perfila como una provincia interesante en este estudio que aún anda en pañales, puesto que el Servicio de Inspección, al que el CGPJ ha encargado este completo análisis, todavía no se ha puesto en comunicación con los  juzgados de lo Penal de Toledo ni con el juez decano en funciones, Juan Ramón Brigidano, para que faciliten información al respecto.

Aun así, no es costoso apuntar cifras. Entre un 30 y un 40% de la carga de la actividad penal en la capital se deriva de la materia de violencia de género, un porcentaje que indica, entre otras cosas, que Toledo sería una de esas capitales idóneas para  crear un órgano especializado porque «existe la necesidad» y asume más trabajo incluso que otros juzgados, como el de Albacete, donde sí hay un órgano especializado desde hace tiempo.

De momento, el CGPJ quiere disponer de una completa radiografía de la actividad judicial relacionada con esta materia en todas la provincias para plantear, en principio, que los juzgados penales que  mantengan una sobrecarga importante en asuntos de violencia de género puedan especializarse y llevar la materia en exclusiva. Actualmente, únicamente hay 32 órganos especializados en España en 25 partidos judiciales.

Si bien,  una medida de estas características exigiría la creación de más juzgados penales para llevar el resto de asuntos judiciales. En cualquier caso, el objetivo principal es intentar avanzar hacia esa especialización «para contribuir a optimizar la respuesta institucional», pero la propuesta no se acompaña de un número de juzgados exclusivos específico ni de los costes que conlleva.

No obstante, es necesario recordar que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)atribuye al órgano de gobierno de los jueces la competencia para acordar la especialización de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, no se trata de un estudio más para facilitar información, aunque también es cierto que se trata de un asunto «muy serio» que exige una profunda reflexión antes de tomar decisiones sobre futuras especializaciones. Así de claro lo tiene Brigidano, que lleva años reclamando juzgados exclusivos para llevar la materia de violencia sobre la mujer y en muchas ocasiones ha lanzado la posibilidad de recurrir a «la comarcalización» para crear uno o varios que aglutinen los asuntos de varios partidos judiciales.

El juez decano en funciones cree que se deben tomar en cuenta distintas experiencias, como la de Valencia, donde se plantea poner en marcha algún órgano especializado que lleve la materia de un territorio amplio. Pese a todo, Brigidano llama a la prudencia porque no se trata de una propuesta sencilla.  Entiende que lo primero que debe quedar claro es si esa supuesta especialización puede salir o no adelante.

Una vez que el Ministerio de Justicia acceda a esta reforma hay que estudiar con detenimiento también de qué manera llevarla a cabo, no sólo por los costes económicos. Está claro que Toledo capital podría albergar un uzgado exclusivo de violencia, pero Brigidano no se olvida del resto de los partidos judiciales y asegura que Illescas, Orgaz y Talavera de la Reina mantienen una importante carga relacionada con esta materia. Brigidano tiene claro que «la necesidad existe, pero no es un tema sencillo» a pesar de que la víctima ganaría en bienestar, en una atención más ágil, se ahorraría esperas de horas y los juzgados funcionarían con mayor agilidad.

la experiencia. El principal problema de esta iniciativa podría surgir a la hora de implantar un nuevo juzgado o especializar uno de los existentes, sobre todo, decidir dónde hacerlo por el hecho de las distancias. El hecho de que el órgano especializado esté en la capital, por ejemplo, implica que la víctima y el resto de agentes judiciales deben desplazarse a la capital, con lo que obliga también a estudiar «si la víctima tiene que trasladarse diez minutos más en coche, por ejemplo, está o no mejor».

En este sentido, el estudio encargado por el CGPJ estará listo en unos meses, pero las medidas a adoptar podrían tardar en ver la luz, ya que existen voces críticas también con la idea de comarcalizar juzgados para especializarlos, una posibilidad que también permite cierto ahorro. Esto mismo ocurrió con la propuesta que se lanzó hace años para implantar los tribunales de instancia, una iniciativa prevista en principio hace seis años en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que finalmente no salió adelante porque, entre otras cosas, concentraba la actividad judicial en las capitales de provincia y municipios de mayor tamaño y se trataba de un cambio de estructura judicial importante que acababa con los actuales partidos judiciales.