La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en el Estado Español ha celebrado la aprobación este viernes por el Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vital, una medida destinada a paliar las situaciones de mayor pobreza y desigualdad en España.

Con esta aprobación, España deja de ser el único país de la eurozona sin un sistema de rentas mínimas estatal, que combata los altos índices de pobreza existentes, y beneficiando a 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad social y económica (2,3 millones de personas).

El presidente de EAPN en España, Carlos Susías, mostró, en declaraciones a este medio, su satisfacción tras el anuncio. «El Ingreso Mínimo Vital puede ser un fuerte impulso para la erradicación de la pobreza severa en España. Es un instrumento redistributivo, de justicia social y de alta inteligencia económica. Son recursos que irán directamente al consumo inmediato en los servicios y establecimientos de proximidad», explicó. 

Añadió, además, que por la vía de dicho consumo se ingresarán impuestos, con lo que una parte de esa inversión social retornará al Estado. En definitiva, es «una medida que beneficia a toda la población, pero aún queda mucho por hacer».

Celebró también que esta ayuda sea compatible con cualquier tipo de prestación social y de empleo, por lo que facilita también la transición hacia la empleabilidad de las personas que peor lo están pasando, explicó el presidente nacional de EAPN. 

PIDEN UNA TRAMITACIÓN «ÁGIL Y FÁCIL». No obstante, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social  ha solicitado al Gobierno que su tramitación sea «fácil, rápida y ágil» para que todas las familias y personas que tengan derecho accedan cuanto antes. 

En otro sentido, reclama que los 1.500 millones de € que se destinan actualmente a rentas mínimas en las comunidades autónomas sigan destinándose a políticas de inclusión social y no sean derivados a otras funciones.

«Confiamos en que ese dinero no se derive a otros sitios, que no digo que no hagan falta, pero las personas en situación de pobreza y exclusión social lo necesitan más», aclaró Susías, que recordó a las comunidades autónomas que recae sobre ellas la competencia total en esta materia.

«La eficacia de esta medida del Gobierno puede ser muy alta y ahora tenemos que estar pendientes de que no se estropee», apostilló.

Respecto a la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha de elaborar un registro único de ayudas sociales para evitar duplicidades con el Estado, Susías manifestó: «Ventanillas y registros únicos todos los que queramos, pero que no se burocratice el sistema ni se pongan más obstáculos para que se pueda acceder a estas ayudas», dijo, refiriéndose a que, por lo general, el acceso a las ayudas de las comunidades autónomas suele ser muy farragoso.