Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, reclama a los ayuntamientos que reconsideren los IBI de los negocios cerrados, a las Comunidades Autónomas que afinen la coordinación con el Gobierno central, a este que extienda los Ertes como mínimo hasta junio (le gustaría como Alemania hasta el fin 2021 y que se capitalizase a las empresas hasta el 75% de su facturación anterior) y que los acompañe de planes específicos para los sectores afectados. Además, les reclama a todos que digitalicen e industrialicen el país y que hagan lo posible por «hibernar a las empresas» para que vuelvan a arrancar cuando esto pase.
Garamendi participó ayer con su ‘Visión Empresarial de la crisis’ en el ciclo de conferencias programadas por Fedeto para celebrar los 24 Galardones Empresariales. En su opinión, España merece un suspenso en innovación desde el momento que solo invierte el 1,3% (muy lejos del 2% que era el objetivo). También considera necesario dar formación de carácter empresarial desde el colegio, profundizar en la formación dual, la FP y la formación continua que ve «burocratizada» y no llega a las empresas. El siguiente escalón sería con las universidades donde aprecia otro cambio pendiente.
Admite que el modelo actual basado en el turismo se debe cuidar pero advierte que no debe olvidarse la extensión de la industria (genérica), subrayando que se ha incumplido el objetivo para este año de alcanzar el 20% de energía renovable y el 20% del PIB producido por la industria (que además genera empleo de más calidad).
En cuanto al ambiente que rodea la crisis llama a la prudencia, dice que no hay que dejarse llevar «por lo que pide el cuerpo» sino optar por la moderación, como cree que es España en su mayoría. Reclama sentido de estado (lo traduce como «querer al país»), lealtad institucional (confianza en la Corona, la Constitución, etc.) y estabilidad.
Sobre el Gobierno señala que es el legítimamente elegido por los españoles con el que desde la CEOE no comparten muchos puntos de vista pero se considera en la «obligación trabajar con ellos» y con las 17 Comunidades Autónomas que también dictan normas propias.
En su opinión la coordinación Estado-CCAA es «mejorable», las fronteras marcan excesivas diferencias y cuando habría que ir todos a una «se aplica demasiada política». La solución, repite, es «lealtad institucional y transparencia entre ellas, trabajo en equipo, tomar decisiones certeras (extender el radar-covid, test masivos en empresas, horarios uniformes). «Si la sensibilidad hacia las empresas fuera mayor…».
Sobre el debate entre sanidad y economía, admitiendo que «lo primero es la salud», dice que son dos ámbitos no excluyentes sino paralelos. Da por acertados los controles, los medios de no contagio, la mascarilla... «pero si todos nos quedamos en casa… Si nos olvidamos de la economía tendremos un problema gravísimo».
Ya, tal y como van las cosas, augura que vamos a tardar años en recuperar la economía cargando con una deuda enorme del 120%. La crisis ya no es de liquidez, es de solvencia, avisa, y los retos son detener la caída del PIB y que el déficit del 8% baje al 3% el año 2022 (la herramienta indispensable es un presupuesto exclusivamente para 2021).
Por otro lado teme que «estamos anestesiados» porque el Banco Central Europeo compra deuda de los países pero un día lo condicionará a las políticas que se desarrollan y si no se han hecho bien los deberes cabe el riesgo de que corte el grifo.
También aclara que los fondos de la UE no vendrán a modo de reparto general sino que son para gastos estructurales, de administración, digitalización, eficiencia energética y otros proyectos tractores que luego crean condiciones para crecer a las pymes y autónomos.
Sobre la Navidad recalca que «en la empresa no está el covid» sino que el contagio se produce por la actividad social o familiar. Indica que en un restaurante se va a cumplir la normativa y recuerda que tomar medidas sanitarias a largo plazo condiciona la actividad económica porque desanima el consumo que debe ser programado con tiempo.