Los desahucios siguen generando  polémica política, titulares y falta de soluciones a una problemática que va en aumento a pesar del Real Decreto del Gobierno que prometía frenar los lanzamientos de familias vulnerables debido a situación económica que ha generado la pandemia. Los datos publicados esta semana por el Consejo General del Poder Judicial alumbran otra realidad distinta porque los juzgados han continuado recibiendo las correspondientes demandas y los han ido practicando, tanto los derivados de las ejecuciones hipotecarias como los que se derivan de la Ley de Arrendamiento, los más numerosos desde hace tiempo.

A pesar de los cambios normativos para evitar que se queden sin domicilio aquellas familias con problemas económicos derivados o no de la pandemia no se está consiguiendo el amparo judicial que se  prometía hasta la fecha y así lo refleja el boletín trimestral del Consejo General del Poder Judicial de ‘los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’.  La problemática es compleja y afecta prácticamente a todas la provincias. En Toledo, sin ir más lejos, los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos de los juzgados han recibido 2.652 solicitudes de lanzamientos en la provincia en este primer trimestre del año, un buen número a pesar de las demandas han descendido un 29,5% respecto al último trimestre de 2020, y un 0,7% sobre el mismo periodo del año pasado. De momento, la estadística del CCGPJ apunta que hay 87 peticiones de lanzamiento en la provincia de Toledo con cumplimiento positivo en estos últimos 90 días, pero eso no tiene por qué indicar que los desahucios se hayan materializado.

Las cifras señalan una notable cantidad de peticiones de lanzamiento por parte de propietarios de vivienda, empresas, bancos, inmobiliarias y administraciones, pero lo cierto es que no todas acaban materializándose   y el proceso no es rápido.  En este caso, los juzgados de Primera Instancia han ejecutado 118 desahucios, entre enero y marzo, un dato llamativo con doble lectura, ya que por un lado las expulsiones de domicilios se han reducido en un 13,2% respecto al cuarto trimestre de 2020, pero han crecido un 14,5% respecto al primer trimestre de 2020. Y en total se llevaron a la práctica 311 a lo largo del año pasado a pesar de la paralización judicial por efecto de la pandemia.

Toledo sigue la misma tónica que Castilla-La Mancha, ya que en la región se han alcanzado los 404 lanzamientos entre enero y marzo, lo que confirma un aumento del 36,5% en su variación interanual, y buena parte de ellos, en concreto 278, se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Los desahucios por impago de alquiler continúan siendo bastante más numerosos que los que se producen por ejecución hipotecaria, una tendencia que también se manifiesta en la provincia de Toledo,  en la que se produjeron 72 lanzamientos de inquilinos por impago a pesar de los recursos disponibles, del decreto del Gobierno para paralizar temporalmente estas acciones por vulnerabilidad y de las posibilidades legales de aplazamiento. Si bien, en muchos casos los afectados y distintos colectivos especializados en esta problemática critican la disparidad de criterio judicial, ya que queda en manos del juez determinar la situación de vulnerabilidad, pero también ocurre muchas veces que las familias no están bien asesoradas a la hora de acogerse al decreto o entran en juego muchos otros factores e intereses que impiden ese amparo.

La otra cara de la crisis. La pandemia de coronavirus lleva meses golpeando la economía con fuerza hasta el punto de que se vuelve a hablar de crisis económica, dos palabras malsonantes que traen consecuencias negativas que ya comienzan a aparecer en datos y estadísticas. En la del  CGPJ se confirma que Toledo también da síntomas de una económica debilitada y de la destrucción del tejido empresarial fruto de la paralización de la actividad durante los meses de confinamiento, de las medidas y de la situación generalizada del mercado laboral desde que comenzó a propagarse el virus en marzo del año pasado.

Aunque las cifras apenas sufren cambios en Toledo, al Juzgado de lo Mercantil y a los de Primera Instancia e Instrucción  han llegado 41 concursos entre enero y marzo, uno menos que en el mismo periodo de hace un año y cinco menos que en último trimestre de 2020. Si bien, las cifras sí van creciendo si se comparan con las del primer trimestre de 2018, donde únicamente se registraron 10 concursos, y las del mismo periodo de 2019, con 28 concursos presentados. Aun así, el crecimiento en Toledo es más moderado que en la región, que ha experimentado un aluvión de concursos, con un aumento del 51% respecto al primer trimestre de 2020.