La apertura de la Fiscalía de Medio Ambiente de diligencias informativas con el fin de recabar datos acerca del estado actual de esa zona de especial protección supuso, en el ámbito municipal, la crítica unánime de los partidos de oposición y, como viene siendo habitual, el silencio del equipo de Gobierno que ha iniciado una serie de planeamientos urbanísticos en la zona sin ningún plan director y de forma unilateral. En este complejo ‘ruedo’ político que ha despertado la airada respuesta de entidades, plataformas y asociaciones ligadas a la protección patrimonio, quedaba por escuchar la valoración de la consejera de Cultura.
La realizó, Rosa Ana Rodríguez, en respuesta a dicho requerimiento en la comparecencia organizada para dar cuenta de la programación de Primavera 2020 de la Red de Artes Escénicas y Musicales. Allí insistió en la línea de defensa mantenida en los últimos meses con respecto a todo lo ocurrido en el espacio de Vega Baja.
Así, y sin variar el discurso, la consejera se limitó a apuntar que «nosotros somos respetuosos con todas las investigaciones que se hacen en Vega Baja, sea por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente o cualquier otra», porque «nuestra actuación es siempre de responsabilidad tanto hacia la Vega Baja, por lo que supone ese yacimiento tan importante desde el punto de vista histórico por el testimonio de esa ciudad visigoda, sino también en otro yacimientos». Es curioso que siempre que alude al espacio toledano, Rodríguez lo equipare al «resto de los yacimientos de la región», evitando con ello dispensar una atención especial a Vega Baja a pesar de que, indudablemente, lo tiene tanto por el continente como por el contenido.
Sobre la entrada de Fiscalía en el análisis de la situación actual de la zona, la consejera de Cultura reiteró que desde el Gobierno regional «siempre» se tiene «un respeto máximo a todas las cuestiones que vengan desde Fiscalía o de cualquier otra entidad». Ante ello, y preguntada sobre si este organismo judicial ya se ha puesto en contacto con la consejería, sólo dijo que «no».
Conviene recordar que la actuación de esta Fiscalía especializada viene a dar respuesta a la denuncia presentada, el pasado mes de noviembre, por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), ante una actuación que, recoge el documento, «ha dado lugar a pronunciamientos tan cualificados como los de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» frente a «un proceso, técnicamente confirmado, de destrucción del patrimonio histórico español».
La Fiscalía de Medio Ambiente ostenta, entre sus funciones, la posibilidad de practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente -o a través de instrucciones a los delegados-, en aquellos procesos penales de especial trascendencia referentes a los «delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente».