Confederaciones de padres, patronales de centros de enseñanza y sindicatos de educadores se concentraron ayer en Zocodover, enfrente de la Delegación del Gobierno, para expresar su protesta por la aprobación de la ley Celaá (nueva ley de educación, en siglas LOMLOE) que «nace sin consenso (como sus predecesoras), pone en riesgo de desaparecer a los centros concertados y de educación especial, elimina la libertad de elección de centros y ataca la profesionalidad de los docentes». Aunque la tramitación de la ley ha seguido para adelante a pesar del «millón y medio de firmas» que han presentado al Congreso de los Diputados para que se corrija, todas estas organizaciones integradas en la ‘Plataforma más plurales’ mantienen las movilizaciones y este domingo van a formar una caravana de coches que en Toledo saldrá de La Peraleda a las once de la mañana.
Ángel Camuñas, secretario de Escuelas Católicas, explica que la plataforma defiende la libertad de enseñanza frente a una ley Celaá donde nadie les ha escuchado, igual que ocurrió con las anteriores normas. En este caso se añade que «limita los derechos de las familias a elegir el centro educativo de sus hijos» convirtiéndose en un precepto «altamente intervencionista». Por contra, ellos abogan por que España siga siendo un país «plural y libre» en materia de enseñanza y que la ley de educación sea producto de «un pacto» de toda la comunidad implicada.
Juan Batanero, del Sindicato Independiente de la Enseñanza, alerta tanto contra el fondo y como contra la forma de la ley que «roba el debate a la comunidad educativa» y, además, no mejora la calidad, no aumenta la financiación, discrimina la concertada y acaba con la especial en 10 años, cercena la capacidad de decisión de las familias, ataca libertad de pensamiento y la profesionalidad de los docentes, elimina la libre elección de centro, otorga a la Administración el papel de los padres para la escolarización de los hijos
También advierte de que muchos profesores que en este momento están «dando la cara» frente al virus se van a quedar «en la calle».
Ese sindicato apuesta por la calidad y recuerda que «los alumnos de hoy son la sociedad de mañana» por lo que no se puede rebajar el nivel y lo se debe buscar «el pacto educativo».
José Herrera, presidente de CECE (patronal), subraya que es la octava ley orgánica de la democracia y que «ningún país avanzado» cambia tanto. Hay que decir «basta a los avatares legales en función del que gobierna, basta de cambios», la sociedad debe decidir y se debe respetar que los padres son responsables de elegir lo que desean para sus hijos. También se queja de que la ley viene en el peor momento de restricciones por la covid y que se priva a la sociedad de la capacidad de manifestar su opinión en la calle.
Por último, desde los sindicatos lamentan que la ley sea un «desprecio hacia los docentes, a todos, los de la educación pública también» que además no han intervenido en todo el proceso, no han podido defender mejoras. Creen que el texto no corrige errores previos y que con su aprobación la concertada y la especial están llamadas «a desaparecer».
Por su parte, el PP llevará al Pleno del Ayuntamiento de Toledo una moción contra la ley Celaá y en defensa de la concertada, la educación especial y el español en las aulas. Lo ha anunciado Claudia Alonso durante la concentración.