La formación de una unidad familiar diferente a la de los progenitores es un reto vital difícil de materializar en la provincia. La emancipación tiene un elevado coste económico mientras que la situación laboral y salarial de los jóvenes es precaria y está marcada por la irregularidad y la baja cuantía en los ingresos. Los datos del Consejo de la Juventud de España, publicados en el Observatorio de Emancipación correspondiente al primer semestre de 2019, estiman en 978,94 euros la cantidad mínima que cada joven de Toledo, entre los 16 y los 29 años, ha de emplear para satisfacer el coste hipotecario de una casa propia. Esta inversión, además, se ha encareció hasta en un 4,08% en 2019 respecto al año anterior. El estudio cifra en 11.747 euros anuales los ingresos mínimos necesarios para poder hacer frente a la compra de una vivienda libre en este tramo de edad.

Las posibilidades de emancipación mejoran a través de la fórmula del alquiler. Sin embargo, la proporción de ingresos que esta opción requiere alcanzó en el segundo trimestre de 2019 su cota más alta de la serie histórica. El coste del arrendamiento según los ingresos medios de los inquilinos que tienen entre 16 y 29 años llegó al 52,1% de lo que perciben. Así, quienes optan por tal opción han de invertir para ocupar su nueva casa más de la mitad de lo que ganan. Esta escalada continuada añade dificultades a la formación de un proyecto vital propio para muchos jóvenes que pese a tener la edad mínima legal para trabajar no lo hacen por diferentes motivos y carecen por tanto de ingresos regulares. Desde los 30 a los 34 años, la parte mínima de los ingresos que han de emplearse para satisfacer un alquiler en la región baja hasta el 26,2% de la renta disponible.

El Observatorio de Emancipación recoge que tan solo uno de cada seis menores de 30 años de la región está emancipado (16,5%). Por su parte, la media nacional se sitúa en el 18,9% del total de la población española que forma este colectivo. Entre los 30 y los 34 años, la proporción de personas independizadas escala hasta los tres de cada cuatro castellano-manchegas (72,1%), un porcentaje levemente superior al promedio español, que se ubica en el 71,3%. La baja ratio de emancipación entre los veinteañeros se refleja en las dificultades que tiene esta cohorte para emprender una vida autónoma sin el paraguas económico de los progenitores. Ni la adquisición ni el arrendamiento de una vivienda son alternativas sencillas para un grupo marcado por su baja tasa de actividad, escasez salarial y débiles perspectivas de futuro.

Sin embargo, el dato que ahonda en la problemática de iniciar una vida autónoma parte de los bajos ingresos que percibe este grupo recién incorporado al mercado laboral. Según la evaluación del Consejo de la Juventud de España, cuatro de cada diez jóvenes de la región que tienen entre 16 y 29 años se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social, siendo Castilla-La Mancha, tras Extremadura, Murcia, las dos ciudades autónomas y Murcia, la quinta comunidad con un peor registro. En la primera mitad de los treinta, este porcentaje cae por debajo del 20%.