El líder del PP, Pablo Casado se abre ahora a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace más de un año. Eso sí, exige una contrapartida e impone una serie de condiciones para poder llegar a un acuerdo: la despolitización de la Justicia, reforzar la euroorden y tipificar el referéndum ilegal. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que se debe alcanzar un pacto para que las Cortes desbloqueen la remodelación del órgano de ordenanza de los jueces, cuya composición sigue respondiendo a la mayoría absoluta que tenían los populares en el momento de su renovación hace ya varios años. 

«Ningún partido político tiene derecho a bloquear ninguna institución del Estado. No puede por sus objetivos políticos nada más que el bloqueo del gobierno del Poder Judicial», afirmó ayer la vicepresidenta del Gabinete Socialista, Carmen Calvo.

La pretensión del Ejecutivo es que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ponga en contacto con el PP para iniciar la renovación del CGPJ, que requiere de mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado para salir adelante.

La portavoz del Gabinete de Sánchez, María Jesús Montero, no descartó que los propios líderes de los socialistas y los populares puedan desencallar la negociación si es preciso. 

La renovación del Poder Judicial se ha convertido en una prioridad para Ferraz, que ven en su mayoría conservadora un frente más en la bronca legislatura que anticipan contra la coalición. 

Conocedor de este interés socialista, Casado afirmó que los populares solo comenzarían a negociar si se acuerda la modificación de la fórmula de elección de los miembros del máximo órgano de los jueces. Esa propuesta ya ha estado sobre la mesa en las anteriores legislaturas y no se ha producido ningún avance en el Parlamento. 

Elección interna. El líder de los populares insistió en que la elección de los vocales del Consejo debe hacerse por los propios jueces, tal y como él mismo propuso in extremis en diciembre de 2018, una vez saltó por los aires el acuerdo alcanzado entonces con el PSOE para renovar el CGPJ 

Al margen de ello, Casado añade ahora otros requisitos, como tipificar el delito de rebelión impropia como existía antes de Zapatero, y el delito de referéndum ilegal, como Sánchez se comprometió en la campaña del 10-N. La otra condición es «reforzar la euroorden» contra Carles Puigdemont y el resto de independentistas fugados.

El detonante de la ruptura en este tema entre PP y PSOE en 2018 fue un mensaje de WhatsApp que el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. En el texto presumía del acuerdo alcanzado con los socialistas para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo.

La elección de ese cargo es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron entonces por hecha incluso antes de designar oficialmente a esos vocales.