El proyecto de Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha acaba de aterrizar en las Cortes para su tramitación parlamentaria, casi cuatro años después de que la Junta de Comunidades encargara a las ONG implicadas la elaboración un primer borrador (ha habido tres), y tras un impás de medio año, al quedarse esta normativa a las puertas de entrar en el parlamento la pasada legislatura autonómica. Y es que, si bien pasó la primera criba del Consejo de Gobierno la pasada primavera, le faltó el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, requisito sine qua non para su envió a la Cámara legislativa.
Un organismo que ya ha dado su visto bueno a este proyecto de ley, aunque le pone importantes peros. El primero de ellos su carácter excesivamente generalista. Como apunta su dictamen, el texto autonómico calca párrafos completos de la ley vasca, una de las pocas normativas autónomas que entra a regular este ámbito social, cayendo por tanto en las mismas carencias que ella. Según el Consultivo castellano-manchego, «se ha desaprovechado una oportunidad para delimitar y dar un marco normativo más preciso a la actividad de estas entidades que forman parte del Tercer Sector de Acción Social», tomando como propio el dictamen que el Consejo Económico y Social de Euskadi hizo en su día sobre la ya citada ley vasca.
Y también se apunta a la crítica que en su día hizo la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que recriminaba al texto vasco el uso de una reducción demasiado generalista, «más propia de un programa, plan o estrategia que de una disposición normativa».
Otro de los puntos que cuestiona el Consultivo regional es la ausencia de una memoria económica. Y es que, para este organismo, el apunte incluido en el texto de que «la regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni incremento de las dotaciones , ni de retribuciones ni de otros gastos de personal», choca con el hecho de que esta normativa tiene como objetivo principal «el fomento, difusión, promoción e impulso de las entidades que integran el tercer sector social». Una «contradicción» que, a juicio del Consultivo, «puede poner «en peligro» la continuidad y la propia finalidad de la ley, «toda vez que habitualmente la promoción requiere de un respaldo económico», al igual que las «acciones de investigación e innovación».
En este sentido, se advierte a la Junta de que estas cuestiones «habrían merecido, cuanto menos, una explicación motiva en el expediente de elaboración de la norma, bien en la memoria justificativa, bien en el informe de la Secretaria General promotora de la iniciativa».
Cabe recordar aquí que este proyecto de ley nació con el objetivo de, por un lado, definir en qué consiste este llamado Tercer Sector, algo que sí se ha conseguido y, por otro, ‘normalizar’ la gestión de los recursos sociales púbicos (desde residencias de la tercera edad a centros de acogidas) por estas entidades privadas sin ánimo de lucro, algo que a todas luces se ha quedado pendiente.
Empezando por lo que no se ha hecho, estaría la demanda de fijar por ley la plurianualidad de los convenios para la gestión de este tipo de recursos sociales tengan carácter plurianual. O lo que es lo mismo, garantizar un mínimo de estabilidad a estas organizaciones, que en muchos casos tienen que ir renovando año a año su concierto con la Junta, con el trabajo administrativo que ello supone y, sobre todo, con el grado de incertidumbre que puede llegara generar, sobre todo en momentos de crisis económica.
El texto final se queda en reconocer a los agentes del Tercer Sector «su condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica» y el compromiso de promover su participación en el ámbito de la Dependencia y en los sistemas de empleo, sanitario y educativo. Todas las referencias a cómo serán estos conciertos entre la Junta y las entidades del Tercer Sector remiten a la Ley de Servicios Sociales de 2010, aprobada en tiempos de José María Barreda, y a lo que queda aún vigente de la Ley de Garantías de Cospedal de 2012.
La misma Junta de Comunidades así lo reconocía en el informe de alegaciones a su primer borrador, ante la advertencia de los sindicatos UGT y CCOO de que esta intervención del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos podría degenerar en la «privatización». Tanto es así, que plantearon la retirada de esta iniciativa legal y la inclusión de la definición del Tercer Sector dentro de la ya citada Ley de Servicios Sociales de 2010.
Opinión no compartida por Carlos Susías, presidente de EAPN Europa, cuestionado sobre esta cuestión hace unos meses por La Tribuna. Como insistía entonces, lo que lo que quiere ser este texto es «una ley marco», que se desarrollará posteriormente a base de decretos de rango inferior. Lo importante es que el sector se convertirá con esta ley en un ente compacto en su relación con la Junta, y no en un grupo de entidades dispersas como hasta ahora. Entre lo previsto a desarrollar tras la aprobación de esta ley está, según insistió, el marco que regulará los convenios entre la Administración y las entidades sociales.
En cuanto a lo que sí se ha hecho, cabe destacar que este borrador define el ‘Tercer Sector’ como el conjunto de entidades de carácter privado «surgidas de la iniciativa ciudadana o social bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines y de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales, o culturales de las personas o grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social». Y en este punto hace una especial mención a Cruz Roja, Cáritas, y la ONCE, por su peso específico dentro de sus respectivo ámbitos de acción.
Con todo, la actual mayoría socialista hace prever que esta normativa saldrá en breve de las Cortes (posiblemente en la primera mitad del próximo año) sin grandes cambios. Es más, es bastante probable que logre también el apoyo de la oposición (PP y Ciudadanos), ya que durante la pasada campaña electoral autonómica mostraron su apoyo a una normativa de este tipo. Se verá.