La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, no quiso esperar a su comparencia en las Cortes regionales, a petición de Cs, para explicar el informe del Tribunal de Cuentas que pone en jaque los planes de empleo de la Junta. Por ello, en rueda de prensa, Franco explicó que este organismo fiscalizó solo los contratos de 7.621 trabajadores beneficiarios de estos planes de empleo, el 30%, cuando el total de personas participantes en los tres analizados por el Tribunal de Cuentas alcanzó los 25.448. Según la información que maneja la Junta, de este total se reinsertaron al mercado laboral ordinario el 27%. El organismo fiscalizador hablaba de un 6%, algo que el PP empleó para sostener que esta política de empleo no ha funcionado como se esperaba. 

Unas críticas que Franco tachó de "oportunistas", dejando claro que con ellas la oposición no ataca al Gobierno regional, sino a los cientos de ayuntamientos que se acogieron a los planes de empleo y a las cinco diputaciones provinciales. 

Asimismo, la responsable de las políticas de empleo del Gobierno regional defendió la puesta en marcha de los citados planes pues reducen la tasa de parados de larga duración. En este caso, recordó que cuando el PSOE llegó al Gobierno había en la región 180.200 desempleados en esta situación, mientras que a la finalización de los planes de empleo la cifra se redujo hasta las 107.500. 

"Quien pretende utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno regional un informe como éste se está llevando por delante cientos de municipios y también cómo se puede transformar la vida en ellos con la labor de estos trabajadores", dijo Franco, quien advirtió de que "ya está bien electoralismos fáciles".

Concluyó diciendo que los planes de empleo habrá que reformarlos tras la crisis vivida por el Covid, y lo haremos "con consenso y en función de cómo responda la nueva medida del Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital".