Un proceso civil por discrepancias sobre la rescisión o no del contrato de explotación del bar del estadio Salto del Caballo ha terminando dando lugar a denuncias por lo penal por presuntas amenazas y coacciones y, tras la última actuación policial del pasado domingo, el abogado de la empresa hostelera ‘Los Serrano’ está estudiando emprender algún tipo de medida contra la Policía Local, al considerar que se pusieron a favor de una de las partes en un proceso que está judicializado, y que no tenían por qué haber impedido la entrada en el establecimiento.
Javier Serrano considera que su contrato está en vigor y el pasado domingo se dispuso a abrir el bar del estadio, pero asegura que tanto la vigilancia privada del campo como la Policía Local le impidieron el acceso. «Me empujaron tanto los vigilantes como los policías, que no tenían que haber actuado así, y supongo que lo hicieron porque tenían órdenes de arriba», afirma el hostelero, cuyo abogado está estudiando emprender algún tipo de denuncia contra los agentes.
«La policía debería haber facilitado mi trabajo, y no impedirlo como hicieron», insiste el empresario, que sufrió durante la disputa con los agentes una crisis de ansiedad que le llevó a sufrir un amago de infarto en el servicio de Urgencias del Virgen de la Salud.
Por su parte, el Ayuntamiento, en boca del concejal de Deportes, Pablo García, considera que el papel del Consistorio en toda esta disputa ha sido el de «mediador, aunque tristemente no se haya podido llegar a ningún acuerdo».
Así, el edil no cree que la Policía Local impidiera el paso al empresario, sino que de eso se encargó la seguridad privada del club, limitándose la actuación de los agentes a mediar y tomar nota de lo sucedido.
Por otro lado, el presidente de la entidad verdiblanca, Joaquín Sánchez Garrido, tiene claro que mientras no exista una decisión judicial al respecto los hosteleros tendrán prohibido el acceso, y denuncia que el jefe de la seguridad privada fue agredido en la trifulca del domingo.
«En el contrato viene que les tengo que facilitar el acceso y él antes accedía libremente con las llaves. Ahora no las tiene, y como considero que se ha resuelto el contrato por incumplimiento (tienen judicializado si un pago se hizo a tiempo o no), él me pide acceder y yo se lo deniego», explica Sánchez Garrido, que aclara que la denuncia penal por coacciones y amenazas es solo porque le enviaron un burofax para comunicar la rescisión del contrato. «Con esa lógica todos los abogados de España somos coaccionadores», se defiende el presidente del CD Toledo, que considera que han puesto «salidas dignas» a una situación que cada día toma peor cariz.
Y es que, Javier Serrano también va a denunciar que la nueva barra de bar instalada en la tribuna del estadio vende alcohol, algo prohibido por la Ley del Deporte, una acusación que le parece curiosa a Sánchez Garrido, ya que, según señala, fue uno de los motivos que les llevo a rescindir a Serrano su contrato.
El conflicto amenaza con volver a repetirse en el próximo partido en el Salto del Caballo y, sin visos de acuerdo, ambas partes sólo se ponen de acuerdo para lamentar el perjuicio que su situación está causando a los aficionados y a la imagen del CD Toledo.