Precios de oferta contra el campo

Vidal Maté
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La distribución toma los productos agrarios, especialmente la avicultura y el aceite, como reclamo al consumidor en su guerra por la cuota de mercado

Precios de oferta contra el campo - Foto: Patricia González

Incremento de los costes de producción sin un seguimiento en un Observatorio, como se hace con los precios de venta de los productos agrarios; importaciones baratas sin controles suficientes en precios y volumen; mercados con escasos mecanismos de regulación; muchos precios por debajo de coste; falta de relevo; más exigencias medioambientales con los mismos recursos; desequilibrio en las posiciones de poder en la cadena alimentaria; escasa concentración de la oferta para la defensa de sus posiciones… Son algunos de los agujeros a los que se enfrenta a diario el sector agropecuario.

Hoy, a este escenario se ha sumado la utilización de los productos agrarios más habituales en la cesta de la compra como leche, aceite, huevos o las carnes más baratas (pollo o cerdo) como productos reclamo. No es una práctica nueva. Sin embargo, en este momento, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia en la actividad económica con millones de hogares afectados, la oferta de productos baratos de primera necesidad ha ganado peso en las campañas de promoción. Todo ello auspiciado además por la guerra de precios existente entre los principales grupos de la distribución para mejorar sus cuotas de mercado. Y el campo, en medio. Esta batalla en los lineales por presentar la oferta más barata se ha puesto de manifiesto en las últimas fechas en sectores como el aceite y, muy especialmente, en la avicultura, tanto en la carne de pollo como en los huevos.

El sector agrícola y ganadero ha coincidido en denunciar este tipo de estrategia que amenaza no solo la rentabilidad de la actividad, sino también la imagen de unos productos de calidad. Sin embargo, los mayores temores de las principales organizaciones agrarias se centran en la posibilidad de que, en el caldo de la crisis y la guerra actual por el mercado de los grupos de la distribución, este tipo de escenarios se extienda a otros productos.

Desde la producción se lamentan de que no se adopten rápidamente las medidas oportunas por parte de las Administraciones, como contempla la propia normativa sobre la Cadena Alimentaria. En paralelo, el sector rechaza la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ha visto tradicionalmente las ofertas como una medida buena para los consumidores al frenar la subida del Índice de los Precios al Consumo, olvidando los intereses del sector productivo.

En el aceite, se registran ofertas de entre 2,7 y 2,8 euros por litro para un virgen extra frente a un coste medio de producción 2,7 euros kilo, cifra que se eleva hasta los 3,5 euros en el caso del olivar tradicional.

Por lo que se refiere a la avicultura de carne, desde COAG se denunció ante el Ministerio de Agricultura a los grupos Lidl y Family Cash por ofertas abusivas que van contra la Ley de la Cadena, con precios por debajo de los dos euros el kilo en el caso del pollo. En el mismo producto, DIA hacía ofertas con descuentos de hasta un 30% y otros, sin anunciar descuentos, seguían la misma estrategia de rebajas (3x2).

Desde las organizaciones sectoriales del huevo se denunciaba la misma situación y apuntaban como ejemplo oferta de dos docenas de huevos de gallina de suelo a 1,99 euros o los 0,79 euros por docena con descuentos del 30%; precios, todos ellos, muy alejados de los costes de producción.

En relación con la avicultura, no se puede hablar de un gasto de producción único por los diferentes sistemas que existen en la crianza. En los pollos, no es lo mismo el animal criado en 45 días que los pollos camperos con más de 70 días de vida. Lo mismo sucede en los huevos procedentes de gallinas criadas en el suelo de un gallinero o de las que viven en libertad.

El Ministerio no ha actualizado en la última década sus estudios sobre los costes en la cadena de valor, es decir, la formación del precio de ambos productos desde la granja a los lineales de la distribución. Los datos oficiales publicados datan de 2009. En el caso de la carne de pollo, la cadena de valor contempla un coste de kilo de carne de pollo en origen de 1,4 euros con un incremento a lo largo de la cadena hasta un precio final de entre 2,90 y 3,26 euros kilo. En lo que afecta a los huevos, los datos de 2009 señalaban solo la producción más barata de gallinas en jaulas, que ya estimaba un coste en origen de entre 0,53 y 0,73 euros docena con un precio final para el consumidor de entre 1,2 y 1,6 euros docena.

En el sector productor, desde el grupo cooperativo Coren, uno de los mayores productores de huevos y carne de pollo y pavo, se estima que en este momento los costes se han incrementado como mínimo en un 15% debido no solo a la subida de las materias primas alimentarias, sino también a las nuevas exigencias del trabajo en las granjas y en todos los procesos debido a las medidas preventivas por el covid. Se considera que las políticas agresivas y puntuales de precios bajos como reclamo para un producto no suponen grandes ahorros globales para el consumidor, pero amenazan la viabilidad de las explotaciones. Por eso se aboga por una política de precios sostenibles para toda la cadena.

La normativa sobre la Cadena Alimentaria, actualmente a debate parlamentario, contempla la exigencia de que se pague como mínimo el precio de coste en origen y que en todo el proceso del producto el precio no pueda ser inferior al del eslabón anterior. Esta demanda no se aplicaría en la fase final de venta al consumidor, donde el distribuidor puede adoptar su propia estrategia, ofertas o promociones. La normativa en vigor contempla esas posibilidades, pero siempre que no induzcan a error sobre el precio y la imagen del producto, que perjudique la percepción en la cadena de valor sobre la calidad y el valor de los productos y, sobre todo, que esas rebajas no se carguen a espaldas de los otros operadores de la cadena, donde el campo está al final.

En el sector productor se considera difícil demostrar este tipo de impactos negativos y se teme que todas esas rebajas queden en la cuenta de los agricultores y ganaderos.