Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renovar desde hace casi dos años, los enfrentamientos públicos en la Fiscalía, unos juzgados colapsados y un paquete de reformas legislativas que se antojan peliagudas sitúan a la Justicia española en el ojo del huracán. Una situación inédita en democracia a la que se sumó hace solo unos días otra polémica, esta vez con La Corona como protagonista: la ausencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.

La mayoría de asociaciones judiciales y la oposición cargaron duramente contra el Ejecutivo y le instaron a aclarar las razones de una decisión que el PP tachó de «vergonzosa» y «humillante» y que el Gobierno defendió como «muy bien tomada». Inicialmente, La Moncloa la desvinculó de la coyuntura política y de la posibilidad de que coincidiera con la confirmación de la sentencia de inhabilitación del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia, así como por su cercanía al tercer aniversario del 1-O. 

Finalmente, el propio Gabinete de coalición reconoció que precisamente esos fueron los motivos por los que se adoptó, mientras varios ministros del bloque de Unidas Podemos criticaban al Monarca y su papel en este tipo de actos. 

En contraposición, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, manifestó su «enorme pesar» y destacó que Felipe VI es «una expresión de apoyo de La Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución». Ya sin micrófonos, señaló que el Soberano le había llamado para transmitir a los nuevos jueces que le habría gustado estar con ellos, un mensaje que desató la polémica y abrió la puerta a las críticas de los republicanos respecto a la neutralidad del Rey.

Pero este, aunque si el más reciente y mediático, no es el problema del que más adolece la Justicia. Considerada la hermana pobre de las políticas públicas, nunca llega el pacto de Estado que reclaman desde hace años todos los operadores jurídicos. La falta de consenso y los intereses partidistas obligan a parchear leyes decimonónicas sin abordar un plan integral.

Basta con estudiar el panorama actual. Ocurre con la renovación del CGPJ y de magistrados del Constitucional, bloqueada sine die. Con las designaciones de jueces del Supremo, nombrados por un Poder Judicial en funciones. Con reproches ideológicos dentro y fuera de la Fiscalía, institución cuestionada por su relación con el Ejecutivo. Y con unos juzgados y tribunales eternamente colapsados que encaran, además, ahora una avalancha de procedimientos marcados por la pandemia.

Sin acuerdo a la vista

Cuentan vocales del Consejo que el 4 de diciembre de 2018, cuando vencía su mandato de cinco años, tuvieron que deshacer cajas en vez de lo contrario. Se rompió el consenso para su renovación. Y ya van dos años. Por el camino, varios intentos frustrados entre PP y PSOE, que no se dan por aludidos pese a los reproches del resto de partidos por el reparto de sillas.

No importa que la Constitución llame al consenso. O que el presidente del CGPJ suba el tono en sus últimos discursos exhortando a las formaciones a corregir la «seria anomalía» que supone llevar 24 meses en funciones. Desde dentro, los vocales llevan tiempo sin noticias sobre movimientos políticos para desbloquear la situación.

Un panorama que se traslada al Tribunal Constitucional. Allí, hace 10 meses que expiró el mandato de cuatro magistrados, incluido el presidente y la vicepresidenta. La historia no es nueva para ellos; los cuatro llegaron con dos años de retraso por la misma falta de quórum.

Últimos nombramientos

Cansado de esta situación, Lesmes dio hace unas semanas un golpe sobre la mesa: el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó seis nombramientos clave en el Supremo: tres presidencias de sala y tres plazas en la Sala de lo Penal, la que juzga causas contra aforados. Las votaciones ahondaron la brecha con el Ejecutivo, que reclamó que se pospusieran las designaciones hasta la renovación del órgano.

Desoyendo al Gobierno, desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, el CGPJ ha renovado buena parte de la cúpula judicial. Los vocales han adjudicado en estos meses más de medio centenar de cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Supremo.

También han designado hasta 13 magistrados del Alto Tribunal, que son plazas vitalicias cuya adjudicación, si se hubiera renovado el Consejo a tiempo, no habría correspondido al pleno actual.

Colapso

Si a la saturación estructural de los juzgados se suman tres meses de parón prácticamente generalizado por el estado de alarma más el previsible alud de casos relacionados con la COVID-19, el resultado es evidente: colapso.

O mejor dicho, más atasco aún porque, en palabras de María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los juzgados de Madrid, los jueces ya venían «colapsados desde casa». Sin embargo, Del Barco admite que esa avalancha todavía no ha llegado y augura que hasta noviembre, al menos, no se empezará a notar.

«Esto no es de 0 a 100», añade Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que explica que, por ejemplo, en los juzgados de lo social muchos pleitos dependerán de cuándo acaben los ERTE, y que tacha de «ineficaz» el plan de choque del Ministerio de Justicia porque algunas medidas «están supeditadas a la voluntariedad de personas ya bastante sobrecargadas».

La fiscalía

Y en mitad de esta tormenta, todavía resuenan las críticas al Ejecutivo por el polémico nombramiento de la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado, un movimiento inédito que suscitó no pocos recelos en torno a la imagen de imparcialidad de la institución, y las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, denunciando presiones para que no se opusiese a tramitar las querellas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia.

A apenas 80 días de jubilarse, quien lleva siendo número dos de la Fiscalía desde 2014 y siempre considerado de perfil discreto, habló públicamente de «representantes del Ministerio Público contaminados ideológicamente».