Los ocho detenidos que han comparecido este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca en relación a la segunda fase de la operación Oikos, el presunto amaño de un partido de segunda división de la temporada 2017 entre el Reus y el Valladolid, han quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar ante el instructor.

El primero en comparecer ha sido el contable de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Laguna, y posteriormente lo han hecho el expresidente del club oscense, Agustín Lasaosa, el exjefe médico del equipo, Juan Carlos Galindo, el actual defensa del Real Zaragoza Javier Pichu Atienza, el constructor Jesús Sanagustín, el jugador del Deportivo Íñigo López y su representante, Rodrigo Fernández.

Todos los representantes legales de estos investigados han aconsejado a sus respectivos clientes no declarar mientras esta parte del sumario continúe secreta a fin de conocer las nuevas pruebas obtenidas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, y comparecer de forma voluntaria una vez levantado el veto.

Así lo han confirmado a los medios de comunicación los letrados de Lasaosa y Galindo, José María Fuster y Bernardo del Rosal, respectivamente, quienes han manifestado, además, su extrañeza por la detención de sus clientes al estar procesados por esta misma causa y estar ya a disposición del instructor.

El juez ha decidido mantener las medidas cautelares acordadas para los detenidos en la primera fase de la operación, obligación de presentarse en el juzgado y fianzas, pero no las ha contemplado para los arrestados en la segunda fase, Atienza, el contable y el constructor, a pesar de imputarles cargos por corrupción entre terceros en el ámbito deportivo y blanqueo.

Según han informado fuentes judiciales, el propio instructor ha sido quien ha informado previamente a estos investigados de que no iba a tomar ninguna medida cautelar contra ellos a pesar de seguir estando a disposición del juzgado.

La operación policial motivó la práctica de nuevos registros en las dependencias del club oscense y en las del constructor en busca de documentación y de soportes informáticos que pudieran determinar la existencia de pagos en negro o de facturas hinchadas.

Las fuentes citadas señalan que los agentes volvieron a reclamar al contable del Huesca las mismas facturas y documentación que ya habían entregado a la UDEF en la primera fase de la operación, así como otra nueva que no acreditaría en ningún momento la existencia de una Caja B.

Esta pieza separada de la Oikos se apoya en una hoja manuscrita hallada en el despacho del expresidente del Huesca en la que se citan los nombres de varios de los detenidos junto a diversas cantidades económicas conceptuadas como fondos o préstamos.

También permanece bajo secreto una tercera pieza referente a los teléfonos encriptados que utilizaban algunos de los detenidos, enviados meses atrás a la empresa de Singapur que los vende para que facilitara el desencriptado de los datos.

Las fuentes consultadas han cuestionado que esta empresa pueda facilitar por orden judicial los datos de dichos teléfonos, valorados cada uno en más de doce mil euros, al fundamentarse su negocio en el secreto de las comunicaciones de los clientes.