La pesadilla de la familia terminó hace un año gracias a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo, pero las secuelas no son fáciles de borrar, sobre todo, para los tres hijos de la pareja, de 10, 8 y 6 años en la actualidad, que tuvieron que  vivir separados de sus padres dos interminables años por decisión de la Consejería de Bienestar Social. La batalla judicial concluyó con buenas noticias en mayo de 2019 gracias a la sentencia que revocó la declaración de desamparo que acordó en su momento la administración de Canarias y mantuvo la Junta en Toledo cuando la familia se trasladó a la provincia sin base para ello a pesar de numerosos informes que terminaron desmontando los motivos por los que la administración regional siguió adelante con su decisión, un procedimiento administrativo que terminó separando a la familia un par de años ocasionando «graves perjuicios» que todavía no ha superado.   

El caso cerró su capítulo en los tribunales, pero Pablo y Arantxa han vuelto a echar la vista atrás para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Bienestar Social en la que se solicita más de un millón de euros de indemnización por «daños y perjuicios» derivados del «anormal funcionamiento» de la administración». El abogado que lo lleva, Ramón Jiménez, el mismo que hace un año celebraba la sentencia, ha presentado el documento en la Consejería este miércoles «para iniciar el procedimiento administrativo», pero no descarta tener que volver a los tribunales si la Junta rechaza la reclamación.

El abogado sostiene que el juzgado ya dejó claro hace un año que no había razones para que Bienestar Social continuara con el desamparo cuando se demostró durante el juicio que los progenitores no tienen patologías psiquiátricas como acreditaron cuatro psiquiatras y un psicólogo  -a pesar de un episodio ocurrido en Canarias que llevó al ingreso de la madre durante unas horas por una posible reacción paranoide y un brote psicótico del padre-, cuidan bien a sus hijos y cumplen con sus necesidades sanitarias.

Respecto a la responsabilidad patrimonial, la reclamación -a la que ha tenido acceso La Tribuna- se sustenta en abundante legislación, y destaca el artículo 106.2 de la Constitución, que apunta que los  particulares «tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

En principio, no se puede establecer una cuantía exacta para la indemnización, pero supera el millón de euros porque se solicitan 828.350 euros «por los daños», de los cuales prácticamente 300.000 euros corresponden al perjuicio a los menores, más los intereses y la indemnización correspondiente que se establezca para la más pequeña de la familia, «que ha visto agravada su enfermedad ósea», que contará con un dictamen pericial cuando se abra el periodo de prueba.

el proceso. Las administraciones están acostumbradas a recibir algunas demandas por negligencias médicas o relativas a la Seguridad Social, pero las de responsabilidad patrimonial son más escasas y, en ocasiones, obligan a volver a acudir a la vía judicial. «Vamos a luchar hasta el final y estoy dispuesto a plantear un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al Supremo o acudir al de Estrasburgo si es necesario y Bienestar Social lo rechaza».

En este caso, el letrado considera que el juzgado ha dejado claro «que hubo muchas deficiencias en el proceso administrativo y la Consejería no recurrió la sentencia, lo que demuestra también que no actuó de forma correcta».

un largo calvario Esta familia  respiró en mayo de 2019 tras dos años intentando que sus hijos volvieran a casa. Las decisiones administrativas señalaron a Pablo y a Arantxa como unos padres incapaces de cuidar y velar de sus pequeños, obligando a un estricto calendario de visitas y a mucho sufrimiento, «un auténtico disparate», según detalla Jiménez.

Su historia comienza con el expediente de la administración de Tenerife, donde residían en 2017, que indicaba que  los menores se encontraban en una situación de desprotección porque sus padres padecían problemas psiquiátricos, no los atendían bien, presentaban problemas de obesidad, y se producían  falta de cuidados médicos. Unas afirmaciones que han tenido que ir desmontando una a una ellos y su abogado, que partieron de un episodio ocurrido el 30 de abril de 2017, fecha en la que la madre se  puso en contacto con la Policía «porque se sentía amenazada y vigilada por personas que la querían hacer daño», lo que se acordó el ingreso en psiquiatría pese a que le dieron el alta horas más tarde. El episodio se agravó por la repetición de la misma manifestación poco después, con lo que la administración canaria formuló la declaración de desamparo, apoyada también en que el padre había sufrido «un brote psicótico» y los separaron de sus pequeños.

Poco después, los niños fueron acogidos por una tía abuela paterna en Toledo y los progenitores se trasladaron también para estar cerca de ellos tras conseguir contratos como camareros. Por tanto, la administración canaria revocó la declaración de desamparo, pero la comisión Provincial de Menores de Toledo decidió mantener la medida sin más, apoyándose en la de Canarias sin evaluar la situación, apuntando además que los familiares cercanos no eran aptos para cuidar a los menores.

Pablo y Arantxa han sufrido por no tener a sus hijos en casa, por el hecho de que la administración decidiera separar al hermano mayor de los otros dos menores a pesar de que lo desaconsejaba la psicóloga, por no recibir en el plazo legal la comunicación «de desamparo», por el hecho de que se les diagnosticasen patologías mentales que no tienen y por otras muchas causas que se curarán con el tiempo.