Pide al Ministerio que agilice fondos violencia de género

Javier D. Bazaga
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La consejera y portavoz Blanca Fernández participó en la conferencia sectorial de Igualdad que presidió la ministra Irene Montero en la que solicitó además tener en cuenta la dispersión territorial y la renta per cápita.

Pide al Ministerio que agilice fondos violencia de género - Foto: David Esteban

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, reclamó este lunes al Ministerio de Igualdad que abone “cuanto antes” los fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de cuyos 100 millones de euros, casi 6,3 corresponden a Castilla-La Mancha. Fernández reivindicó agilizar ese pago durante la celebración de la conferencia sectorial de Igualdad que se desarrolló ayer junto a los consejeros del ramo de manera telemática, y que presidió la ministra Irene Montero.

La reunión sirvió para acordar el pago de esos fondos finalistas a las comunidades autónomas, y que la región ha venido ejecutando prácticamente en su totalidad. Castilla-La Mancha justificó de hecho la ejecución de hasta el 97 por ciento de esos fondos hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que incidió en la necesidad de recibir esos recursos “cuanto antes” debido a la incidencia de la Covid-19 en la lucha contra la violencia de género.

Fernández solicitó que no se esperase a que todas las comunidades autónomas justificasen el gasto para que el Gobierno central abone ese importe ya que, si bien el Ministerio de Igualdad ha decidido flexibilizar el criterio de manera que aquellas comunidades que no han ejecutado la totalidad de los fondos lo puedan hacer a lo largo de este 2020, en Castilla-La Mancha “no tenemos margen de maniobra”. “Ya no tenemos remanente” indicó Fernández, debido a la buena gestión de esos fondos en los ejercicios anteriores, por lo que deseó que la Comunidad no se vea penalizada por esa circunstancia y reciba esos fondos en breve. Según avanzó la consejera y portavoz, la ministra Montero se mostró sensible a esa petición y favorecerá esa agilización del pago.

Además de esos 6.246.584 euros de los fondos del Pacto de Estado, la región recibirá otros 381.000 euros destinados a los programas de atención y asistencia a víctimas de la violencia de género, ya que las mujeres maltratadas y sus hijos son uno de los colectivos que más ha sufrido durante este confinamiento. El Instituto de la Mujer ya decidió, en previsión de esta circunstancia, abrir un recurso extraordinario para dotar de más medios a estos servicios, con más plazas y más horas para los profesionales que lo prestan. La consejera subrayó que “en Castilla-La Mancha ni la crisis del covid ni ninguna otra crisis va a hacer que dejemos desamparada a una mujer que se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad, ni a sus hijos”.

La ministra agradeció la colaboración de las comunidades autónomas en la implementación de las medidas de protección frente a la violencia de género que se han articulado durante el estado de alarma. “Nuestra principal preocupación es el impacto de esta crisis y sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables”, señaló Irene Montero durante la reunión, según informó el Ministerio en nota de prensa, y destacó principales objetivos “reconocer los cuidados como un pilar de la sociedad, dignificar esos trabajos y convertirlos en un vector de desarrollo económico y democrático”.

Respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género insistió en “seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente”. Una institucionalización que lleva el pacto más allá de los cinco años por el que fue diseñado, y que la consejera Fernández aplaudió.

 

Durante la conferencia sectorial se abordó además, a petición de otras comunidades autónomas, la modificación de los criterios para el reparto de fondos, entre los que se puso sobre la mesa primar la población. Fernández defendió el criterio de la “dispersión territorial” en una región como la nuestra donde “es más caro prestar los servicios”, además del criterio de la renta per cáptita. Una petición que también fue bien acogida en el seno de este encuentro.