El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo ha criticado al equipo de Gobierno local que haya autorizado «por la puerta de atrás» una partida presupuestaria extra de 428.909,07 euros a la empresa ‘Valoriza Servicios Medioambientales’ que gestiona la limpieza viaria en la ciudad «para pagar la desviación en los ingresos que la entidad privada ha considerado que debían ser óptimos para obtener beneficios».

Así lo explica el portavoz de Izquierda Unida-Podemos en Toledo, José María Fernández, indicando que es un gasto que van a tener que pagar todos los toledanos y todas las toledanas gracias política empresarial que tienen el equipo de Gobierno local en el Ayuntamiento de Toledo.

El portavoz concerta que este pago se ha efectuado a través de un Decreto de Alcaldía el pasado 24 de septiembre sin consensuar con el resto de grupos municipales que componen el Consistorio toledano. Además, recuerda que la empresa ‘Valoriza’ tiene un contrato prorrogado con el Ayuntamiento de Toledo para gestionar la limpieza viaria de la ciudad por el obtiene nueve millones de euros de las arcas municipales.

«Una vez más, el Gobierno que dirige la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, demuestra que prioriza el movimiento empresarial por encima de la defensa de los servicios públicos. En consecuencia, todos los vecinos y vecinas de la ciudad hemos tenido que pagar casi medio millón de euros a la empresa que gestiona el servicio municipal de limpieza viaria», manifiesta.

Fernández señala que cuando las empresas optan a un contrato lo hacen a su riesgo y ventura asumiendo las ganancias y las pérdidas que tengan. «Al menos así debería de ser, pero las empresas concesionarias en este Ayuntamiento no se juegan nada. Cuando sale mal el negocio se lo pagamos todos y todas como ha sido en este caso», asegura.

Por este tipo de casos, según apunta el portavoz de la formación de izquierdas, es necesario que se fiscalicen los contratos de servicios públicos que gestionen empresas privadas en la próxima Comisión de Hacienda que se celebre en el Ayuntamiento.

Considera que, antes de iniciar un proceso de nueva licitación, el gobierno municipal debería repensarse la posibilidad de reversión del contrato para la gestión directa «que lo haga más transparente, eficaz y eficiente».