El Ayuntamiento de Talavera va a personarse en el juicio interpuesto por la actual concesionaria del matadero talaverano, Gypisa, que ha solicitado al juzgado una medida cautelarísima de suspensión de toda la tramitación del contrato de arrendamiento de estas instalaciones municipales. Así lo dio a conocer en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, quien informó de este acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que ha dado el visto bueno a la remisión del expediente de personación en el juicio interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo a instancias de Gypisa.

Como explicó Bellón, se trata de un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de preparación, ejecución y anuncio de la licitación del arrendamiento del inmueble situado en la calle Juan de la Cierva, 3, en el polígono industrial de Torrehierro, donde actualmente está el matadero.

La portavoz precisó que la empresa ha interpuesto un recurso contra los actos acordados por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de agosto, y el Consistorio se personará, como ha hecho también en el resto de expedientes administrativos que se están tramitando «para defender los intereses del Ayuntamiento». Además, trasladó el convencimiento de que todo lo que se está llevando a cabo en relación a estas instalaciones se está haciendo «acatando toda la legalidad y la normativa» así como con el fin de «promover y garantizar que Talavera siga contando con un matadero».

Bellón quiso recordar que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales dictamina que el matadero «ya no es un servicio público municipal». Pese a ello, dijo, el equipo de Gobierno, «siendo consciente de la necesidad de que ese servicio se siga prestando en la ciudad y que las empresas del sector cárnico puedan seguir contando con él», lo que ha hecho es «desafectar ese servicio considerado como un bien de dominio público y declararlo bien patrimonial del Ayuntamiento con el objetivo de que ese servicio se siga prestando pero de forma privada». 

Mientras se resuelve este proceso, y salvo que el juzgado estime la solicitud de medidas cautelarísimas que ha pedido la empresa, el procedimiento de licitación prosigue su curso.

En este momento, son cuatro los procedimientos judiciales en marcha interpuestos a instancias de Gypisa. En el primero la empresa reclamaba 598.000 euros o que de forma subsidiaria se le prorrogase el contrato, y en el que también solicitaba la suspensión de la tramitación de forma cautelar. algo que fue desestimado y ante lo cual Gypisa ha interpuesto un recurso de apelación en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que actualmente no se ha decidido.

Con posterioridad interpuso otro procedimiento donde impugnó otro acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de febrero de 2021. Se sumó después otro procedimiento ordinario contra la denegación de la solicitud de revisión de oficio del acuerdo de Pleno donde se modificó la calificación jurídica del bien inmueble, y ahora ha interpuesto otro procedimiento judicial contra esos actos de preparación y ejecución del proceso de licitación del contrato de arrendamiento de las instalaciones que ya son un bien patrimonial.