Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo sobre el reto del abandono de tierras después de 2020, ha advertido del «serio peligro» que existe en España del abandono de superficies agrarias en los próximos años. En concreto, la organización indica que cerca de 56 millones de hectáreas corren el riesgo de ser abandonadas en el continente y se estima que cinco millones de ellas efectivamente lo serán en 2030.

Según Unión de Uniones, en España cerca del 10% presentarían riesgo alto y muy alto de abandono, lo que supondría una pérdida de unos 2,3 millones de hectáreas, equivalente a cerca de tres veces el tamaño de la Comunidad de Madrid. Por su parte, los datos históricos señalan que, entre 2012 y 2018, la superficie agraria en España se ha reducido, especialmente en regiones del centro peninsular (Castilla La Mancha o Castilla y León) y la costa mediterránea en favor de superficies artificiales.

La organización se hace eco del estudio que explica que, para paliar este fenómeno de abandono, cuyos factores atienden a diversas causas (biofísicas, agrícolas, estructurales, de mercado, regionales, institucionales y políticas), se analizan los distintos instrumentos de política agraria actuales como herramientas útiles para evitarlo, especialmente el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC), particularmente las medidas agroambientales y climáticas y los pagos a zonas con limitaciones naturales (orografía, clima) u otras limitaciones específicas.

«Las ayudas son importantes, pero lo es más que las explotaciones tengan unas expectativas razonables de rentabilidad», han indicado desde la organización agraria. De esta forma, Unión de Uniones considera que la PAC «no es suficiente» y que se deben establecer «medidas efectivas» que aborden el problema del abandono de tierras de manera integral «si no queremos que esto sea otro clavo en la tumba de la España Vaciada».

A este respecto, el propio Parlamento Europeo pidió este jueves a la Comisión Europea que presente una visión a largo plazo para las zonas rurales que esté a la altura de los retos económicos, sociales y medioambientales. El presidente de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en la Eurocámara, Norbert Lins, planteó en el debate al Ejecutivo comunitario «cómo va a lograr que haya coherencia entre la PAC y otras políticas y cómo va a involucrar a las regiones en las visiones a largo plazo», incidiendo en la posición de Unión de Uniones de que la Política Agraria Común no va a ser suficiente. «Las zonas rurales son fundamentales porque proporcionan alimentos, conservan las tradiciones y proveen una convivencia que se va perdiendo en sociedades individuales», dijo Lins, quien pidió para los pueblos infraestructuras propias y que estén a la altura de «todos los retos».

Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, señaló que la cohesión territorial y social es «uno de los ambiciosos objetivos» de Bruselas en esta legislatura y, para ello, los estados miembros deben compatibilizarlo en sus planes de recuperación. El dirigente polaco destacó que es importante que la PAC, que se está negociando en estos momentos, y los planes estratégicos «se armonicen» con una visión a largo plazo para las zonas rurales. «Los planes estratégicos de la Política Agraria Común nos van a ayudar a atajar temas como la renovación generacional o el desarrollo empresarial, claves para el futuro de las zonas rurales», afirmó, aunque insistió también en que por sí sola la PAC «no va a poder resolver todos los problemas de las zonas rurales».

Para el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido hay un «abismo» entre el campo y la ciudad y denunció el «recorte en servicios básicos, la escasez de oportunidades laborales y la despoblación». «En España la renta media del conjunto de sectores económicos se encuentra en torno a los 19.000 euros. Sin embargo, la renta media de la economía rural en muchas regiones apenas supera los 9.000. Eso sí es una brecha salarial», afirmó el exministro de Interior en su intervención.

La legisladora socialista Clara Aguilera abogó por una «auténtica agenda rural con una visión integral» que incluya en su elaboración a los agentes locales, ayuntamientos y personas que viven en los pueblos. Sin olvidar a la mujer rural, recordó Aguilera, que debe tener más «participación» y «visibilidad» en el debate e insinuó que una buena «percha» para desarrollarlo será la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa.

10.000 millones. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático va a destinar 10.000 millones a un Plan de Medidas que cuenta con 130 iniciativas repartidas en diez líneas de actuación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacer frente al despoblamiento rural y garantizar la igualdad en todo el territorio. «Trabajar en la recuperación de la igualdad de oportunidades de los derechos de las personas en todo el territorio es clave», considera la ministra Teresa Ribera, que ha precisado que existen 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, muchos de ellos bajo el límite de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que concentran a 5,7 millones de personas.

El paquete de propuestas, organizado en diez líneas de actuación, incluye mejoras de la conectividad, aprovechar la digitalización para el acceso a servicios y «servicios ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en acceso a vivienda, movilidad, acceso a formas de energía modernas».