Según explicó el coordinador autonómico de IU, Juan Ramón Crespo, se deben implementar ya estas sentencias toda vez que el Plan afectado por la anulación está vigente hasta el año 2021 y por ello se debe adaptar a las decisiones del Supremo. Crespo criticó el hecho de que está ejecución de la sentencia no haya sido demandada ante la Justicia por las tres administraciones que han conseguido fallos en este sentido, la Junta y los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina.