Azarosa actividad. El Ayuntamiento de Toledo tiene unos 400 casos judiciales en curso actualmente. Así lo refleja el pliego de condiciones publicado por el Consistorio para licitar el contrato privado para el servicio de defensa, representación y asesoramiento jurídico municipal.

Tiene un presupuesto de unos 250.000 euros para tres años con posibilidad de uno más de prórroga. En cualquier caso, el pliego ahora ha quedado suspendido por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus.

El Ayuntamiento indica que el objeto del contrato es la defensa y  representación jurídica de los intereses municipales «ante las distintas administraciones, jugados y tribunales de justicia», el asesoramiento en materias estrictamente  jurídicas, así como la prestación de  los servicios de procurador ante los juzgados y tribunales de Toledo, Tribunal Superior de Justicia de  Castilla-La Mancha con sede en  Albacete y el Tribunal Supremo con sede en Madrid, así como ante los juzgados y tribunales con ámbito territorial en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.

En el objeto del contrato, apunta el pliego, está incluida la defensa y representación jurídica de los intereses de la Policía Local y sus agentes antes los distintos juzgados y tribunales, así como la de los  organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento.

El contrato «comprende también el asesoramiento jurídico» mediante la emisión «de informes específicos o el asesoramiento en  procedimientos no procesales, que  pudieran ser encomendados por los órganos de gobierno y la asesoría jurídica municipal».

Falta de medios. El Ayuntamiento justifica la privatización del servicio alegando que el servicio carece de «medios personales  suficientes para la  defensa y representación jurídica» del Consistorio.