Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una quita del 50%

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Toletum Visigodo pagará 900.000 euros a FCC tras aceptar la constructora una quita del 50% - Foto: Yolanda Lancha

El preacuerdo extrajudicial debe ser ratificado hoy por el Consejo de Administración de la empresa mixta que gestionó la urbanización de los terrenos de Vega Baja

js |  TOLEDO
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Toletum Visigodo y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han alcanzado un preacuerdo extrajudicial por el que la empresa mixta que gestionaba el desarrollo de Vega Baja se compromete a abonar el 50% de la deuda que mantenía con la constructora por la urbanización de los terrenos para el antiguo proyecto de viviendas y las obras del Nudo Norte. El acuerdo, que supone un desembolso de unos 900.000 euros, debe ser aprobado hoy por el Consejo de Administración de Toletum Visigodo, que de esta manera también avanza hacia su definitiva disolución tras años de inactividad.
La aprobación de esta quita sobre la deuda que mantiene con uno de sus acreedores comerciales -el otro es El Corte Inglés- pone fin a la batalla judicial que desde hace año y medio se libra en los juzgados de Toledo, un proceso en el que la constructora reclamaba 1,8 millones de euros por diversas obras realizadas en la Vega Baja y su entorno entre 2005 y 2009. En la demanda de cantidades, FCC solicitaba que se declarase la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Toledo y de la Junta de Comunidades, ante la posibilidad de que Toletum Visigodo no pudiera hacer frente a sus responsabilidades económicas. La constructora, que reclamaba 1,8 millones en concepto de principal, los correspondientes intereses de demorar y una indemnización de 278.100 euros, acusaba a ambas administraciones públicas de realizar un «uso fraudulento» de la sociedad -de la que ambas poseen un 40%- para alcanzar un «enriquecimiento ilícito». En este sentido, FCC entiende que en la constitución de Toletum «no hubo intención defraudatoria, sino que esa intención surgió  con posterioridad».
La clave de la demanda, por tanto, era poder demostrar que Toletum Visigodo no debe ser considerada una mercantil, sino un instrumento societario que las administraciones públicas que en ella participan utilizaron para el desarrollo de Vega Baja con el objetivo final de que Junta y Ayuntamiento se hicieran en último término cargo de las facturas. Para FCC no había dudas de que Toletum Visigodo debe considerarse parte de la administración desde el momento en que Junta y Ayuntamiento «financiaron mayoritariamente» la actividad de esta empresa mixta, controlaban su gestión y nombraban a más de la mitad de los miembros del Consejo de Administración.
También recordaban que Toletum no tenía por objeto ganar dinero «sino satisfacer necesidades de interés general» establecidas por los criterios políticos de las dos instituciones públicas y, por tanto, consideraba justo que ambas tomaran medidas para dotarla económicamente de fondos para que pudiera hacer frente al abono de las certificaciones presentadas por FCC y pendientes de ser abonadas o como alternativa que Junta y Ayuntamiento respondieran subsidiariamente de la deuda contraída, algo que finalmente no sucederá si el Consejo de Administración de Toletum aprueba el preacuerdo alcanzado con la constructora. Un Consejo de Administración en el que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo, a través de de Empresa Municipal de la Vivienda, tienen el 80% del capital. El otro 20% está en manos de Inversiones Corporativas (antigua CCM Corporación), Iberdrola Inmobiliaria y Caja Rural Castilla-La Mancha.
Desde la paralización de la urbanización de Vega Baja por motivos arqueológicos la actividad de Toletum Visigodo ha ido decreciendo hasta ser nula en la actualidad. Sin plantilla, Toletum Visigodo tiene unos pequeños ingresos anuales de 80.000 euros fruto del arrendamiento que paga lo que queda de la Clínica del Rosario, lo que le permite dar unos pequeños beneficios que evitan su disolución automática. Además, Toletum Visigodo todavía ‘custodia’ la fianza de 600.000 euros que El Corte Inglés depositó para la reserva de la parcela de Vega Baja donde mantenía la intención de levantar un Hipercor. Esta cantidad le generó en 2013 un total de 9.700 euros en concepto de intereses por este ‘plazo fijo’, que es otro de los obstáculos para poner fin a la vida de esta sociedad mixta.