La Denominación de Origen Valdepeñas afronta en estos días una de las etapas más convulsas, pero a la vez más definitorias de su trayectoria. Una nueva reunión de su junta directiva acabó aplazada sine die pero con el compromiso de intentar alcanzar un acuerdo en las próximas dos semanas, cuando el presidente de la DO, Jesús Martín, fije la fecha de una nueva cita que aspira a ser definitiva para el devenir del Consejo Regulador.
De los 28 puntos del orden del día, el más polémico, que abordaba la eliminación definitiva de las etiquetas genéricas, fue nuevamente el elemento de discordia. La denuncia interpuesta por las organizaciones agrarias (Asaja, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha) a primeros de julio, donde ponían en conocimiento de la Fiscalía de un posible fraude en el etiquetado de todos los operadores, fue el detonante para que se dieran un plazo lo suficientemente amplio para sellar el acuerdo. Sobre todo, porque a esa denuncia se adhirió, un mes más tarde, la Asociación Vitivinícola de Valdepeñas (Avival), controlada por el industrial García-Carrión, señalando directamente al empresario Félix Solís Yáñez y a Félix Solís S.L., según ha podido confirmar este periódico directamente con la Fiscalía de Ciudad Real en la apertura de diligencias previas.
La batalla en el seno de la DO por dilucidar si ha habido un fraude en la calificación de los vinos de crianza, reserva y gran reserva es «crucial», según diversos miembros de la junta directiva, para abrir un periodo de «clarividad total» que «minimice los posibles daños futuros» en la imagen de los vinos de Valdepeñas. En cambio, esto no ha impedido que el encuentro avanzara en asuntos «vitales» para la DO, como la de aprobar el presupuesto; la incorporación del mapa de suelo a la web; la liquidación y auditoría del cierre del ejercicio de 2019; elaboración del presupuesto con un 10% de la subida de las cuotas; el nombramiento del nuevo tesorero, que ha recaído en el representante de Maestros Bodegueros; el informe de vendimia; la autorización al presidente para la solicitud de ayudas europeas para la promoción interna y de terceros países; así como la convocatoria de elecciones para una nueva junta directiva de trabajo para la revisión y actualización de los Estatutos para la que representación, de industriales y agricultores, esté acorde a la nueva realidad, entre otros.
La junta directiva, que tiene carácter paritario y la forman diez representantes que actuan de vocales -cinco del sector productor y cinco de los industriales-, no se había podido reunir antes por la falta de quórum, por lo que la reunión de ayer, aunque interrumpida, es vista como un avance para conseguir más tiempo de cara a un acuerdo necesario para una de las denominaciones históricas de este país.
El malestar del sector productor, en este complejo y complicado Consejo Rector, siempre ha venido determinado por los precios de la uva que, campaña tras campaña, han sido motivo de protestas en los meses de agosto y septiembre.
Referenciar las etiquetas. Desde 2016, la Denominación de Origen había avanzado en la referencia de las etiquetas -pionera a nivel nacional-, en el aforamiento de las bodegas y las inspecciones de parcelas, entre otras medidas. Sin embargo, la investigación abierta por la Fiscalía, que analiza si existe delito penal o administrativo, ha provocado un callejón sin salida sin que existan damnificados.
Este plazo de 15 o 20 días supone un respiro para replantear estrategias y también para que la Fiscalía se pronuncie sobre el asunto y para que después, la Consejería de Agricultura, que es quien tiene la capacidad inspectora frente a la DOque es un órgano de gestión, informe del estado de los expedientes contra los operadores, que fue otro de los puntos acordados ayer.