El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha mantenido hoy viernes una reunión de trabajo con la consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Aurelia Sánchez, para abordar cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Martínez, antes del encuentro, ha hablado ante los medios de comunicación para aplaudir que la autonomía haya sido "activa" en legislar para este colectivo de discapacitados y dependientes. La consejera ha destacado el trabajo en marcha para desarrollar la ley de Protección y Apoyo Garantizado, que beneficiará a unas 35.000 personas en la región, y la coordinación con la Fiscalía para hacer avanzar esta norma: “Ambas administraciones nos mostramos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y trabajamos en función de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, velando por garantizar sus derechos y que estas personas tengan capacidad de decidir hasta el último momento y si necesitan ser tuteladas e incapacitadas necesitamos modelos de coordinación cercanos entre el Gobierno regional y la Fiscalía de Castilla-La Mancha para garantizar ese proceso a esas personas y sus familias”.