La actuación del opositor Juan Guaidó en el lado colombiano de la frontera con Venezuela el pasado fin de semana, desde donde trató de gestionar la entrada en su país de la ayuda humanitaria, y su asistencia el pasado lunes a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá pueden pasarle factura. Y no por lo que hizo, sino por dónde. Porque, según el jefe del Ejecutivo de Caracas, Nicolás Maduro, sobre el antichavista pesaban medidas judiciales que le impedían viajar al extranjero, por lo que ayer dejó entrever que las Fuerzas de Seguridad detendrán al presidente del Parlamento si cumple su promesa y regresa a la nación caribeña.

Guaidó, que al cierre de esta edición seguía en la capital de Colombia, ya había manifestado que era consciente de los «riesgos» que corría al acudir a la cumbre, pero reiteró su deseo de volver a su país.

Ante esto, Maduro insistió en que el autoproclamado presidente interino «no tiene libertad de movimiento», ya que la Justicia le impidió salir de Venezuela el pasado enero, precisamente a raíz de su asunción de competencias del Poder Ejecutivo.

El mandatario oficialista aseveró que «respetará» las leyes y que, por tanto, su principal detractor deberá medirse a los tribunales. En este sentido, sostuvo que también en Estados Unidos se aplicaría el mismo rasero si Donald Trump o Barack Obama abandonasen el país en medio de una investigación judicial. 

El dirigente culpó precisamente a EEUU de estar detrás de los planes de Guaidó, al que describió como «una marioneta al servicio de Washington», y agregó que las autoridades norteamericanas están «fabricando» informaciones con intereses imperialistas. 

Horas antes, el chavista protagonizó un altercado con un equipo de periodistas de Univisión, encabezado por el mexicano Jorge Ramos, en el palacio presidencial de Miraflores.

Los reporteros mostraron al presidente, durante una entrevista, un vídeo en el que unos jóvenes comían de un camión de basura.

El material de la entrevista fue confiscado por el Gobierno y los informadores quedaron retenidos durante algo más de tres horas en las dependencias oficiales, para después ser expulsados del país.

«No nos prestamos a shows baratos», justificó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que tildó la grabación de «montaje».