«Ojalá hubiésemos podido pagar hace un año o hace seis meses o ayer mismo» a los trabajadores afectados por la sentencia de los planes de empleo. Así se pronunció ayer la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de una nueva concentración el próximo 27 de enero de la Plataforma de Afectados por los planes de empleo de Talavera para reclamar las cuantías que les corresponden.

Como avanzó este jueves La Tribuna, la concentración ha sido convocada a las doce del mediodía en la plaza del Pan coincidiendo con el primer aniversario de esta plataforma y con la finalidad de que se les informe al menos de la fecha en la que se hará efectivo el pago de las diferencias salariales entre lo percibido y lo que la sentencia reconoce que debían haber recibido por su trabajo en el marco de los planes de empleo de 2016, 2017 y 2018.

La portavoz municipal insistió ayer que desde el Ayuntamiento están «a la espera de que el Ministerio dicte esa resolución» de la solicitud al Fondo de Financiación de las Entidades Locales de 9,2 millones de euros para hacer frente al pago de los planes de empleo.

Como recordó, desde el Ayuntamiento han mantenido una reunión con técnicos del Ministerio de Hacienda para hacer el seguimiento de esta solicitud, así como con CCOO, sindicato que lleva el 85% de las reclamaciones, para trasladarles «que toda la documentación que se ha aportado está bien y pendiente de esa resolución».

En cuanto a la demanda de los trabajadores, Bellón subrayó que «ojalá el Ayuntamiento hubiese tenido esa capacidad presupuestaria para pagar el mismo día que salió el Auto del Tribunal Supremo», si bien el Consistorio «no tiene capacidad presupuestaria» para asumir ese pago de más de 9,2 millones.

«Es un problema que tiene esta ciudad porque es una cantidad millonaria», dijo, para reconocer que desde el equipo de Gobierno asumen «la responsabilidad de pagar» esa «herencia del Partido Popular».

Así, la portavoz del equipo de Gobierno aseguró que «en cuanto se nos aporte ese dinero, los trabajadores y trabajadoras demandantes van a cobrar lo que en derecho les pertenece».