El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado hoy dispuesto a seguir negociando con los sindicatos la propuesta para aplicar el Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo Público, pero manifestó que hay que acompasar la mejora de las condiciones de los empleados públicos con los derechos de otros sectores que también sufrieron recortes.

En una entrevista en Castilla-La Mancha Media, Ruiz Molina recordó que la subida salarial planteada del 1,75 % con efecto retroactivo desde enero y julio es el máximo permitido según el acuerdo nacional, a lo que se suma la recuperación del 1,5 % de la «denominada tasa Cospedal» ya efectiva, lo que da lugar a una subida salarial del 3,25%.

Además, apuntó que su propuesta incluye también la jornada laboral de 35 horas desde 2019, para lo que habrá que hacer una modificación legislativa, o medidas de conciliación.

Pero insistió en que, aunque las reclamaciones de los representantes de los empleados públicos son legítimas, hay que acompasarlas con sectores prioritarios como son la sanidad, la educación y la dependencia que durante la anterior legislatura sufrieron recortes y que son áreas prioritarias en las que el Gobierno regional quiere recuperar los estándares de calidad.

No obstante, Ruiz Molina manifestó su disposición a seguir negociando con los sindicatos tras el anuncio de movilizaciones hecho ayer por CCOO, UGT, STAS y CSIF si en el plazo de una semana no son convocados y les recordó que mientras que en la anterior legislatura se hablaba de «recortes, ahora de lo que se trata es de recuperar derechos, «y hay una importante diferencia».

El consejero aseguró que, por su parte, no está agotada la negociación sino que «simplemente se puso sobre la mesa una propuesta» que era necesaria para trasladar a Castilla-La Mancha el acuerdo firmado por el anterior Ministerio de Hacienda y los sindicatos. «Hemos cumplido incluso más de lo que venía en ese acuerdo», dijo Ruiz Molina, quien añadió que se puede seguir negociando porque «efectivamente hay mucho que recuperar», pero no solo en la función pública sino además en el resto de sectores que sufrieron recortes y que son una prioridad para el Gobierno regional. «El diálogo no está acabado», concluyó Ruiz Molina, que a la vez insiste en que hay que priorizar los recursos, por lo que ha considerado necesario «administrar la impaciencia de los sindicatos».

El Plan de Garantías de Podemos. Por otro lado, y también en la misma entrevista, el consejero de Hacienda apostilló que, según sus cálculos, aplicar el proyecto de Ley de Garantías de ingresos y garantías ciudadanas que impulsa Podemos tendría un coste superior a los 12 a 18 millones de euros en que lo cifra la formación morada.

Explicó que si el coste de la ley en el caso de que fuera aprobada fuera de esos 12 a 18 millones, sí tendría cabida en el presupuesto regional de 2019, pero precisó que, según los estudios previos que tienen del borrador del proyecto de ley, las cuantías son «más importantes». En cualquier caso, el consejero de Hacienda manifestó que, si se aprueba la ley en las Cortes, se trataría de amoldarla a las disponibilidades presupuestarias.