Se podría decir que es como si no se hubieran aprobado los planes de gestión de las zonas ZEPA (zonas de protección de aves). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia en la que estima el recurso de la organización agraria Asaja en contra de la orden de aprobación de esos planes. «Por no ser conforme a derecho anulamos», expone el fallo. Además obliga a la Junta a pagar 1.500 euros de costas, aunque le da un plazo para recurrir.
Los planes de gestión quedan anulados por una cuestión de forma. El Tribunal Superior de Justicia se remite a lo que en su día ya dictó el de Andalucía y luego el Supremo. El problema estuvo en que el Gobierno regional publicó en el Diario Oficial la orden de aprobación de los planes, pero no el contenido de los planes en sí, pues solo puso un enlace. En el caso andaluz, tanto el Tribunal Superior de Justicia como luego el Supremo constataron que los planes tienen rango normativo y por eso deben ser publicados. Y es que estos documentos incluyen prioridades de conservación, medidas, determinan qué actividades se pueden desarrollar y prevalecen sobre planes urbanísticos.
Como ya en ese aspecto, el Tribunal Superior de Justicia ve un motivo de impugnación, no entra en otros argumentos que también esgrimió la organización agraria. Desde Asaja también expusieron que se tenía que haber aprobado con la figura de decreto y no de orden y que además no había memoria económica.
Con todo, no deja de quedar una situación de cierto limbo legislativo, pues el fallo recuerdo que la anulación viene dada por «un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado». Aclara que no se ve afectada su validez, aunque carece de eficacia mientras no se publique adecuadamente.
Asaja quiere otros planes. ¿Qué supone en la práctica para los agricultores de estas zonas? El secretario general de Asaja, José María Fresneda lo dejó en suspenso. «Si no hay plan de gestión de aplicación, lo que no voy a decir es animar al agricultor a hacer algo...». Pero lo que sí precisó es que quiere aprovechar que el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón para volver a negociar unos planes de gestión que se parezcan a los de Castilla y León, Extremadura o Andalucía. En resumidas cuentas, no quieren tener tantas limitaciones para cultivar leñosos.
«No puede coartar la libertad al sistema productivo bajo ningún concepto una medida medioambiental», expuso Fresneda, «se les ha ido de la mano a la hora de poner limitaciones». La presidenta de Asaja Toledo Blanca Corroto explicó que es una «expropiación encubierta» porque a un agricultor que quiera poner un olivar o un almendro, le dicen que no puede.
Desde Asaja recuerdan que tienen otros dos recursos presentados y que estos planes afectan a 200.000 hectáreas. Eso sí, aclaran que la sentencia no afectaría a las ayudas que se dan de 208 euros por hectárea de herbáceos en esas comarcas. Fresneda explicó que no le afecta porque esas ayudas están recogidas en otro documento, el Programa de Desarrollo Rural.