El alcalde de Yuncler, Luis Miguel Martín, representó a la comarca de La Sagra en la reunión entre administraciones celebrada la semana pasada, encabezada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y aseguró a este diario que el censo de viviendas ocupadas supera las 800 en toda la comarca, apoyado en un recuento reciente. Además, según sus propios cálculos, aproximadamente el 40 por ciento de las 2.000 del total de la región se pueden concentrar en estos municipios de la zona norte.
Recas, Lominchar, Seseña, Yeles o Yuncos figuran entre los principales afectados, según Martín, a tenor de un estudio reciente conjunto de ámbito comarcal, pero este comportamiento ilegal se extiende en mayor o menor medida a la mayoría de los municipios de la comarca. Hace un mes, realizaron este recuento en el que participó buena parte de estas poblaciones, pero Martín resalta que el Estado de Alarma no ha afectado «significativamente» a este fenómeno ilegal.
Tras la reunión del pasado día 22, la presidenta regional de la Federación de Municipios y Provincias de CLM, Agustina García Élez, señaló que el origen se remonta a hace más de diez años.
«Estamos viendo que la ocupación de viviendas se está normalizando, una impunidad que no se debe consentir», aseveró el alcalde de Yuncler sobre un comportamiento ilegal que afecta a urbanizaciones en algunas localidades y en el mismo núcleo urbano en otras, como sucede en Yuncler.
«Seguramente sea el problema más grave de convivencia en la comarca», señala el regidor, quien lleva 13 años en el cargo. Al respecto, afirma que los alcaldes se sienten «impotentes» y apela a un cambio de normativa estatal para impedir la consecución de las ocupaciones de viviendas.
Martín apunta a que las administraciones supramunicipales no tienen «tan interiorizado» el problema generado por la ocupación de las viviendas, al contrario que la sociedad en general. Las mafias que alquilan las casas ocupadas, el destino de las viviendas como plantaciones de marihuana o los trapicheos de drogas están asociados a este comportamiento ilegal.
Tierraseca apeló en la reunión mantenida el pasado día 22 a los bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias para que denuncien judicialmente las ocupaciones ilegales como propietarios de la mayoría de las viviendas afectadas, tal y como hacen las administraciones públicas. En este sentido, indicó que no existe un censo específico de las casas usurpadas en Castilla-La Mancha, que afecta principalmente a las comarcas de La Sagra y del corredor del Henares en Guadalajara.