Nicaragua está sumida en el caos desde abril de 2018. La pasada primavera llenó las calles del país centroamericano de protestas. El régimen de Daniel Ortega parecía sucumbir ante la fuerza masiva de la oposición. La respuesta orquestada desde los aparatos del Estado, con el fin de mantener al tirano en el poder, consistió en el brutal ejercicio de la violencia. Los choques con los manifestantes se tiñeron de sangre. Los miles de heridos requerían de atención sanitaria. El sector médico pronto se vio amenazado: el Gobierno no quería que atendieran a quienes clamaban democracia.
Ricardo Pineda es uno de los doctores amenazados por el régimen de Ortega. El galeno, de visita en España, donde expone las pésimas condiciones con que se ejerce la profesión en su país natal, recorre las diferentes etapas con que la tiranía ha destrozado a la sociedad nicaragüense. «Hay una serie de ilegalidades que se han venido cometiendo desde hace años», explica. Pineda alude al nepotismo: el presidente resiste en la cúspide del Estado apoyado por su mujer en la vicepresidencia y con seis hijos repartidos en otros tantos ministerios.
La situación declinante de la democracia en el país, «cada día más crítica», estalló definitivamente tras las protestas ciudadanas masivas del último abril. «Esa ola de indignación» fue acompañada por un brutal represión. Los cuerpos policiales y militares comenzaron a disparar contra la oposición. El día 20, el estudiante de 15 años Álvaro Conrado «fue herido en el cuello por un francotirador». El Hospital Cruz Azul le negó la asistencia. «Para entonces el Gobierno había dado orden de que dispararan a matar. El centro médico cumplió con lo dictado por Ortega: no se atendería a las personas heridas en protestas».
El asesinato de Conrado desembocó en «un cisma, una súbita toma de conciencia». Los estudiantes de Medicina se sumaron a las marchas contra un Gobierno que usaba la fuerza indiscriminadamente. «Llenaron las calles de puestos médicos, asumieron la atención», añade Pineda. Los médicos profesionales se sumaron a esta medida. «Entonces el Gobierno subió la represión».
El facultativo señala que el «80% de los heridos tiene heridas en la cara, el cuello y el tórax», una cifra que evidencia la dureza que contra ellos se emplea. «Son crímenes de lesa humanidad», clama el opositor mientras denuncian el empleo de francotiradores y munición contra la población civil. «Asesinos entrenados disparan a la población desarmada: es terrorismo estatal».
El gremio médico ha sido una de los predilectos de la represión. «Salimos a atender heridos y eso no fue del agrado de la dictadura». Pineda detalla cómo Ortega les hizo blanco de sus ataques. «Estuvimos atendiendo en los templos, la Iglesia católica nos abrió las puertas», rememora el doctor. «En uno de sus ataques fue incluso agredido el cardenal».
UNA VIDA EN JUEGO. El ataque contra Pinedo se produjo el 13 de julio en una iglesia. «Fuimos cercados y se nos atacó durante 18 horas. Estábamos encerrados y bajo fuego. Dispararon a matar y murieron dos estudiantes», relata.
Aquel ataque motivó la salida del doctor salió de su país. Ahora vive exiliado en Costa Rica. «Uno debe atender a aquel que lo necesite: no es sólo en un derecho ciudadano, es una obligación legal, ética y moral de los profesionales de la medicina».
El régimen ha puesto precio a su cabeza. «La orden que hay no es desposeerme del título, es desposeerme de la vida». Pinedo sabe que hay una recompensa de dinero para quien lo asesine. En su misma situación están varios centenares de colegas de profesión.