El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley regional de medidas contra la despoblación, que pasa ahora al Consejo Consultivo. El objetivo de la Junta de Comunidades es tener el visto bueno de las Cortes antes del verano y que unos de sus puntos fuertes - los beneficios fiscales para los residentes en zonas rurales- entren en vigor en este mismo año.

Como ya adelantó La Tribuna, este anteproyecto prevé una bajada generalizada de los impuestos autonómicos para los residentes en zonas despobladas o en riesgo de estarlo.  En concreto, se plantea una reducción del 25% en el tramo autonómico del IRPF y una desgravación  de un 10% en la compra o rehabilitación de viviendas.  

«Con la combinación de estas dos desgravaciones, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir al medio rural no pagarán impuestos a la comunidad autónoma», explica el vicepresidente regional y alma mater de esta ley, José Luis  Martínez Guijarro. Una ley que, como insiste, será pionera  en el país, al introducir por primera vez la política fiscal como herramienta para luchar contra la despoblación.

Dentro de estas ventajas fiscales se  incluye también la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados, tanto para la adquisición de viviendas  como de locales para la implantación de empresas.

Ayuda para las empresas. Otra de las novedades que se han introducido en este anteproyecto de ley  son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas rurales, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional.

A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales. De esta forma,  «ofrecemos garantía de financiación» a todos los proyectos que quieran implantarse en estas áreas despobladas, defiende Martínez Guijarro.

El Gobierno regional también pondrá en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para que los que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar puedan volver, tomando como ejemplo el ya puesto en marcha para el ‘retorno’ de castellano-manchegos emigrado fuera de España. Y se garantiza el acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región.

600 millones hasta 2027. La Junta de Comunidades cifra en 600 millones de euros el impacto económico  de esta ley a lo largo del actual período de programación de la Unión Europea (2021-2027). No en vano, irá acompañada por la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación con una duración de diez años.

Como insiste Martínez Guijarro, es una ley enfocada al medio y largo plazo, por lo que se buscará el máximo apoyo posible en las Cortes regionales. De momento, todo parece indicar que así será, teniendo en cuenta que el dictamen de la Comisión de Estudio contra la Despoblación se aprobó a finales del año pasado por unanimidad, «y este anteproyecto recoge el 90% de las recomendaciones incluidas en este dictamen», advierte el vicepresidente.

La futura norma también establece cambios en el modelo transporte apostando por lo que se ha denominado «transporte sensible a la demanda». En concreto, se quiere dejar de lado la actual red radial (que conecta a los pueblos con la capitales de provincia), por un sistema que conecte a los pueblos entre sí y con sus cabeceras comarcales.

El texto introduce además conceptos novedosos como el impacto demográfico o la estancia efectiva (empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera) y contempla también la zonificación del medio rural siguiendo los parámetros de la Unión Europea. Así, las ‘zonas con intensa despoblación’ serán aquellas que tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas de extrema despoblación’ contarán con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas con riego de despoblación’ tendrán entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado; las ‘zonas intermedias’ cuentan con entre 20 y 50 habitantes; y, finalmente, las ‘zonas periurbanas’ que serán aquellas que contabilizan más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

Becas para estudiar fuera, las urgencias a menos de 30 minutos y teleasistencia para todos los de mayores de  70

Otro punto fuerte de este anteproyecto de ley es que establece una garantía en el acceso a los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales a las zonas despobladas. Esta son las principales medidas:

-Educación.  Se garantiza por ley la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos y alumnas, incluye novedades como la puesta en marcha del contrato programa de formación orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria. También se recoge la financiación de la educación superior a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera y sus familias sigan manteniendo su residencia en el municipio.

-Sanidad. También se  prevé el diseño de una red de puntos de atención continuada para garantizar que estos recursos estén a menos de 30 minutos de distancia, y contempla una asistencia farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural.

-Bienestar Social. El texto presentado al Consejo de Gobierno asegura el servicio de teleasistencia a las personas mayores de 70  del medio rural con terminales digitales de última generación en las zonas de difícil acceso a las redes de comunicación, así como el acceso a un recurso de atención residencial a menos de 40 kilómetros de su hogar. Asimismo, se garantiza la atención personalizada a personas con discapacidad a través de dispositivos como teleasistencia avanzada, geolocalización, alertas de riesgo en el hogar, terminales adaptados y comunicación accesible.