Ya hay tres sentencias contra los okupas de las viviendas de la Junta en la calle Río Yedra del Polígono. La Justicia les da un mes (salvo que acudan a instancia superior) para abardonar los inmuebles y además tendrán que pagar una multa económica o ir a la cárcel.

Tras la denuncia de Gicamán el pasado verano y el retraso de algunas vistas con motivo del temporal Filomena, explica la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, ya se han celebrado los primeros juicios contra los ocupas de las viviendas de protección pública y ya hay tres sentencias. En las tres, el juez condena a los okupas como responsables de un delito leve de usurpación. En consecuencia, tendrán que pagar una multa de tres meses, a razón de tres euros al día, en total 270 euros, o cárcel en caso de impago. Además, tanto ellos como el resto de personas que viven en la vivienda tendrán que dejarla en el plazo máximo de un mes desde que la sentencia es firme. Esto será así en cuanto que lo ratifique la Audiencia Provincial, o cinco días después de la primera sentencia, si es que no hay apelación. Además, hay apercibimiento de alzamiento de la vivienda por parte de la Policía, si es preciso.

Sandoval expresa su satisfación ante el espaldarazo de la Justicia a las pretenciones de la Junta. El problema es que el desalojo de estas viviendas, para que puedan entrar en ellas familias que cumplan los requisitos legales, está siendo un proceso lento. «A nosotros nos hubiera gustado que esto se hubiera solucionado el mismo día que se hizo el operativo policial que dio pie a las denuncias, pero no ha podido ser así», apunta, al tiempo que se muestra comprensiva con los vecinos del entorno que están deseando que llegue el fin a su pesadilla.

Esta acción judicial es consecuencia de las sendas denuncias, por lo civil y lo penal, que Gicaman, instituto público de la Junta, propietario del inmueble, interpuso ante la justicia tras las peleas ocurridas y la consiguiente operación policial del pasado mes de junio.

Con ella, Gicaman ha querido solucionar la problemática que se estaba ocasionando, sobre todo de convivencia vecinal, que se estaba ocasionando en la promoción. Este era el único recurso que tenía Gicaman para actuar contra el delito de ocupación, dado que no podía hacerlo de oficio.