La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema mayúsculo en la comarca toledana de La Sagra y en el corredor del Henares en Guadalajara. Como evidenció ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, tras la reunión mantenida con la presidenta regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, y la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, así como con los representantes de las diputaciones de Toledo y Guadalajara y los alcaldes de Yuncler y Horche. Una imagen de unión de las administraciones para corregir este fenómeno, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tierraseca apeló a los bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias para que denuncien judicialmente las ocupaciones ilegales como propietarios de la mayoría de las viviendas afectadas, tal y como hacen las administraciones públicas. En este sentido, indicó que no existe un censo específico de las casas usurpadas en Castilla-La Mancha, que afecta principalmente a las comarcas de La Sagra y del corredor del Henares.

«Provoca una enorme preocupación social», indicó sobre las ocupaciones ilegales e hizo hincapié en «la problemática» de la inexistencia de un censo de viviendas ocupadas. «El tipo de ocupación ilegal que conocemos en la región tiene una característica fundamental: la inmensa mayoría de las ocupaciones ilegales son de viviendas de entidad financieras, fondos de inversión y empresas inmobiliarias», aseveró antes de dejar claro que este sector privado no denuncia judicialmente estas usurpaciones por lo que no manifiestan «una voluntad expresa» de oposición, necesaria según la ley.

En este sentido, el político aclaró que la legislación vigente reconoce tanto el derecho de la propiedad privada como las obligaciones de favorecer la convivencia con el mantenimiento de las viviendas en condiciones que no perjudiquen a la sociedad.

Como datos, aportó que el plan de seguridad específico de 2019 conllevó la realización de 11 operaciones policiales que han desmantelado mafias organizadas dedicadas al tráfico de drogas y robos en La Sagra. En ese mismo año y en esa comarca, se han detenido a 63 integrantes de estos grupos. Además, en el mismo año 2019, las denuncias judiciales se elevaron a 134 en La Sagra.

«Todos sabemos que esta cifra no es real. ¿Cuál es el motivo? Hay muchas más ocupaciones ilegales, pero la inmensa mayoría de las instituciones financieras y fondos de inversión no denuncian la situación de ocupación porque, en muchos casos, les sale más rentable asumir los gastos de los desperfectos en vez de poner en marcha sus gabinetes jurídicos para defender esas propiedades», aseguró Tierraseca sobre «esta dejación de responsabilidad».

hace más de una década. Por su parte, García Élez apeló a un cambio en la normativa acorde a la realidad de las ocupaciones, que se remontan ya a hace más de una década. «Es el problema principal de muchos municipios de Castilla-La Mancha», comentó la representante, quien promoverá la realización de un censo de viviendas ocupadas.