Un total de 235 mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual que, a causa de la pandemia, se encuentran en situación de extrema necesidad, han recibido ayudas por parte del Gobierno regional, a través de la Consejería de Igualdad, que ha destinado a tal final 326.212 euros.

Así lo ha detallado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, quien reiteró el compromiso del Gobierno regional en reunión mantenida con representantes y trabajadoras de las cinco entidades encargadas de gestionar las ayudas: Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, Aplec Inclusión+Igualdad y Fundación Atenea, ha referido una nota institucional.

«Teníamos claro que, ante esta crisis sanitaria, era uno de los colectivos más vulnerables porque el confinamiento estaba acentuando esa vulnerabilidad hasta el extremo de carecer de recursos para atender necesidades elementales como la alimentación o la higiene», apunta Callado, quien ha puesto en valor, por ello, el decreto publicado el pasado mes de junio.

Un decreto que «facilitó este proyecto y la actuación ágil de las entidades que lo están desarrollando para poner en marcha estas ayudas y evitar en la medida de lo posible situaciones de desamparo».

Callado señaló que la reunión «ha sido muy productiva» porque se ha hecho balance de los tres primeros meses de funcionamiento de las ayudas de las que se han beneficiado 235 mujeres, quienes además de la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia han recibido también y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral, y la promoción de su autonomía.

Y ello con el fin de «dar una oportunidad a estas mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual, que han sido víctimas de trata y que merecen una segunda oportunidad en la vida», apuntó Callado.

En la reunión también se abordaron problemáticas de ámbito estatal como el trasladar al Ministerio de Igualdad la urgencia de promulgar una ley estatal de explotación sexual abolicionista y otra que contemple la explotación sexual como violencia de género, tal como refleja la ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, o la necesidad de articular medidas para que estas mujeres puedan acceder al ingreso mínimo vital (IMV).