La polémica iniciada a mediados de diciembre del año pasado en torno a las oposiciones para cubrir 28 plazas de Auxiliar Administrativo por el sistema de concurso-oposición libre, en cuyo listado de aspirantes y aprobados aparecen personas vinculadas directamente al PSOE o familiares de estos, ha pasado factura a los funcionarios que fueron nombrados miembros de los tribunales de los diversos procesos selectivos que se han puesto en marcha durante esta legislatura en la que se ha lanzado una Oferta Pública de Empleo en la Corporación provincial por la que además de promover la estabilidad en el empleo de los funcionarios interinos se van a cubrir plazas consideradas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la Institución Provincial.
El último capítulo de esta polémica que solo ha puesto sombras de sospecha sobre la ‘limpieza’ del proceso en el caso de la cobertura de esas 28 plazas de Auxiliar Administrativo ha sido la declaración de medio centenar de trabajadores funcionarios que fueron nombrados como miembros de los tribunales de los diferentes procesos selectivos convocados.
Estos funcionarios han apelado al «amparo y defensa» por parte de la Junta de Personal de la Insitución frente «las opiniones y comentarios públicos que erosionan aún más nuestra imagen, y en defensa de los funcionarios en general, particularmente los que formamos parte de los tribunales». Estos funcionarios solicitan una postura común de los integrantes de esta Junta de Personal (integrada por 17 representantes de CSI-F SAP, CCOO, UGT, USO y USAE) que «como observadores de estos procesos selectivos y representantes legítimos» de los funcionarios defienda el honor de estos trabajadores.
Señalan en un escrito dirigido a este órgano de representación de los trabajadores de la Institución que también han dirigido a la Mesa General Negociadora en la que están los representes políticos, que aunque en la «polémica mediática» no se ha llegado a «mencionar expresamente a ningún tribunal ni a ninguno de sus componentes», algunas expresiones empleadas «dejan traslucir una sombra de sospecha y duda sobre la honorabilidad, profesionalidad y comportamiento del colectivo de los trabajadores funcionarios miembros de los tribunales de los procesos selectivos».
Ante esta circunstancia y dado que no se ha producido «ninguna denuncia concreta», solo han sido acusaciones por parte de Ciudadanos y el PPy amenazas de rupturas de pactos de Gobierno, los funcionarios se sienten desprotegidos porque tampoco pueden acudir a sede judicial para defender su «honor frente a dichos ataques» que se han manifestado en «simples opiniones vertidas en medios de comunicación que dan por hecho la irrelevancia de los Tribunales y sus miembros en la selección de personal».