Un enredo protagonizado esta semana entre el COI y la organización de los Juegos de Tokio 2020 ha dejado en el aire dos preguntas delicadas: cuánto costará el retraso de los Juegos y quién pagará la factura.

Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio es una de las tareas que más apremian a los organizadores dentro de una larga lista de deberes que apenas han comenzado a abordar.

«Necesitamos evaluar el coste del retraso, y después determinar cómo afrontarlo», dijo ayer el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto.

Aunque circulan diversas estimaciones, el montante final dependerá de variables como la disponibilidad de las sedes deportivas, reservadas únicamente para el verano de 2020 o de lo que suceda con la Villa Olímpica, a la que se iba a dar uso residencial tras la misma fecha.

Facturas crecientes

Varios cálculos sitúan en torno a los 2.600 millones de euros el coste de mantener un año más las instalaciones especialmente construidas para los Juegos y de reorganizar las aproximadamente 46.000 reservas hoteleras para personal invitado a los Juegos.

El retraso acarreará a Japón pérdidas adicionales por valor de 1.890 millones de euros por las oportunidades de negocio perdidas al no celebrar los Juegos este verano.

Los organizadores, por el momento, no han puesto precio al aplazamiento y afirman que siguen analizando los gastos adicionales. Thomas Bach, presidente del COI, ha cifrado la previsible factura en «varios centenares de millones de dólares».

Negociación pendiente

Según la versión nipona , el COI aceptó a mediados de marzo posponer los Juegos un año a petición del primer ministro nipón, Shinzo Abe, y ambas partes dejaron pendiente la espinosa decisión de cómo repartirse el coste.

Por eso, los responsables de Tokio 2020 expresaron su malestar cuando el COI publicó el pasado lunes en su página web un artículo según el cual Abe «había acordado que Japón continuará cubriendo los costes previstos bajo los términos del acuerdo existente» y pidieron una rectificación.

El órgano con sede en Lausana (Suiza) eliminó horas después esa controvertida mención del texto y en su lugar señaló que tanto Japón como el COI mantienen sus «compromisos y responsabilidades» para organizar los Juegos y que ambas partes «continuarán evaluando y discutiendo conjuntamente los impactos respectivos causados por el aplazamiento».

En la última reunión de coordinación celebrada en Tokio a mediados de mes, el representante del COI, John Coates, dio a entender que el comité internacional no contempla contribuir al coste adicional, aunque sí ayudará a comités nacionales y federaciones.

Coates pidió asimismo a los organizadores que aprovecharan la ocasión para recortar el presupuesto en lo posible y sugirió que prescindieran de instalaciones «innecesarias» como los espacios para el visionado público de los Juegos o que abaratasen los servicios de «hospitalidad» que se ofrecerán a comités nacionales, medios de comunicación o patrocinadores.

El contrato

Se firmó en 2013 y estipula que debe ser la parte nipona la que asuma los costes de la organización, obligación que en teoría sigue vigente por haber sido el Gobierno japonés el que propuso oficialmente cambiar las fechas.

Pero al tratarse de una situación excepcional, las autoridades niponas confían en que el COI «asuma también su papel» a la hora de lidiar con los gastos, según dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en declaraciones a medios locales.

Sea cual sea la factura final, para el Gobierno de Abe supone un nuevo quebradero de cabeza justo cuando acaba de aprobar el mayor paquete de estímulo de la historia del país para mitigar la previsible contracción económica que provocará el coronavirus.