El Consejo de Gobierno aprobó este martes enviar la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales a las Cortes regionales para que siga ahora su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo autonómico confía en que sea aprobada antes de verano, modificando así la ley vigente de Protección de los Animales Domésticos de Castilla-La Mancha que data de 1990.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que compareció en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno concernientes a su área, resumió en un decálogo las cuestiones fundamentales y novedades de la futura ley y que pasan por dejar de considerar a los animales como cosas o bienes para ser seres sintientes o sensibles; dejar de incluir la palabra domésticos para afectar a todos los animales, excepto a aquellos que cuentan con una regulación concreta aparte de esta Ley; o fomentar una tenencia responsable. 

En cuanto a las prohibiciones, la Ley pasa por prohibir las mutilaciones con fines estéticos, el sacrificio o las matanzas, mantener a los animales atados o encadenados, la donación con fines publicitarios como premio, recompensa o regalo y la participación de especies de la fauna silvestre en circuitos o fiestas populares.

Prohibe igualmente el empleo de animales atados en ferias, su participación en cualquier forma de pelea y el disparo o agresión a los animales con armas de fuego, aire comprimido, ballestas, armas blancas o cualquier otra que ponga en riesgo su vida.

SACRIFICIO CERO. La Ley también pretende lograr el sacrificio cero y que se produzca de manera excepcional por eutanasia prescrita por un veterinario de manera «rápida e indolora»; y simplifica la identificaciones de los animales con un único registro gestionado por el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha.

Regula también los núcleos zoológicos y exige la formación del personal que trabaje con animales, incluye normas sobre la divulgación, información y educación en materia de protección animal, crea el Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales y facilita su acceso al transporte público, restaurantes y hoteles.

Asimismo, se aumenta las cuantía de las sanciones, multiplicando por diez las máximas al pasar de los 6.000 euros que recoge la normativa actual a los 60.000 euros que establece la nueva Ley.

Aclaró que esta Ley no choca con la de Caza, pues la norma en tramitación atiende al animal antes y después de la actividad cinegética, permitiendo así «que se mantenga la caza pero garantizando el bienestar del animal antes y después de la práctica cinegética».

Por último, el consejero confió en que el texto concite el máximo acuerdo de los tres grupos parlamentarios de las Cortes regionales.