El año que acabamos de estrenar tiene una singularidad muy especial que viene marcada por una crisis sanitaria provocada por el coronavirus que, además, ha derivado en otra económica con una intensidad muy potente que está afectando seriamente los balances de las empresas y de los trabajadores. 

Son muchos meses ya, desde el pasado marzo, luchando contra un virus que, además de acabar con la vida de miles de españoles, ha dejado el tejido productivo nacional muy perjudicado, con miles de empresas cerradas, más de 1,5 millones de nuevos parados, las arcas públicas del Estado con el mayor déficit de su Historia y, sobre todo, un escenario de incertidumbre en el que muy pocos empresarios se desenvuelven con firmeza superando las adversidades a las que se enfrentan sus negocios.

Bien es cierto que la vacuna ya ha llegado y, con ella, la esperanza de que la nueva normalidad puede ser una realidad en España a mediados de año, aunque la recuperación del nivel económico que existía antes de que se decretara el estado de alarma y, en consecuencia, el cese de actividad de los sectores no estratégicos, no llegue hasta dentro de dos años.

En este contexto, la mayoría de los inversores, emprendedores y políticos se preguntan, ¿cómo afectará la gran desconexión que se ha dado entre los mercados financieros y la economía real en las empresas? 

El escenario económico, tanto nacional como internacional, sigue siendo incierto con nuevas olas y rebrotes, mutaciones del virus,... y, aunque la economía nacional abandonó la recesión en el tercer trimestre del pasado año con un repunte del PIB del 16,4%, nada asegura que el caos pueda volver y que las medidas de confinamiento rematen a aquellas corporaciones y autónomos que están al límite asumiendo riesgos de financiación, laborales e inversiones que no saben si podrán hacer frente en los próximos trimestres.

Las entidades bancarias han cerrado el crédito a las compañías que carecen de solvencia y un plan de negocio que les garantice la resistencia ante un nuevo escenario de crisis de una magnitud desconocida.

Si en la recesión del 2008 los economistas aseguraban que lo peor era la pérdida de confianza, en esta crisis de 2021, este concepto se agrava y nadie quiere asumir riesgos que no dependen de sus gestiones ni de sus empresas, sino de adversidades como la pandemia que ha dejado malparados sectores como el turismo, la hostelería y el comercio.

España teme una nueva ola de coronavirus y cuanto más tiempo se prolongue esta tendencia, mayor será el riesgo de superación que erosiona el crecimiento a largo plazo. 

Asimismo, la situación política, con un Gobierno de coalición dividido que está enfrentado en materias esenciales como la fiscalidad, la derogación de la reforma laboral, una ley de alquileres que no comparten los propietarios que impide los desahucios y favorece la okupación, la subida del salario de los funcionarios y las pensiones, entre otras materias, no ayuda, en absoluto, a atraer capital extranjero o, incluso, consolidar las compañías españolas en suelo patrio dado que muchas están trasladando ya sus sedes a países no solo con una menor presión fiscal, sino que les ofrezcan seguridad jurídica a la hora de afrontar inversiones millonarias y una factura energética competitiva que no sea, como ocurre a día de hoy, un 35% más alta que la que pagan las empresas en Francia o el 65% más que en EEUU.

Sectores como el turismo y la automoción, que agrupados se acercan al 30% del PIB,no pueden sobrevivir sin un proyecto de futuro y con la incertidumbre que ya padecían antes de la pandemia y que se agravó con la última crisis. La hoja de ruta del Gobierno no debe estar alineada a sindicatos ni a partidos populistas que desconocen el funcionamiento del mundo empresarial y debe garantizar que su modelo de negocio y sus inversiones sigan siendo el motor de la economía.

En el plano laboral, es el tiempo de apoyar a los emprendedores y a la clase trabajadora que ni hace huelgas, ni se prejubila con 50 años y que, principalmente, es la gran pagadora de un sistema que no funciona y que precisa acudir cada martes y jueves a los mercados para pagar la nómina de los tres millones de funcionarios.

El coste de los trabajadores públicos, con salarios superiores medios de entre un 10% y un 30% más alto que los asalariados de similares características en la empresa privada y con condiciones desiguales de jubilación, moscosos, vacaciones, horarios, jornada laboral, mutua privada en vez de Seguridad Social pública...etc. precisa de una reforma estructural urgente y, sobre todo, que se les exija una productividad y un servicio, al menos, al mismo nivel para que no se repitan fallos tan graves como los del SEPE, que han sido incapaces de resolver con eficiencia  los ERTE, o que miles de trabajadores del Estado y las autonomías que no han trabajado por la pandemia y tampoco han tenido ERTE, cobren el mismo salario y las pagas extras como si hubieran estado activos.

En definitiva, no es el año de la incertidumbre, es el año de afrontar los problemas reales y viciados que tiene España con la determinación y exigencia que requiere lo que se denomina «la cosa común», sin diferencias ni privilegios, con sentido común, con la solidaridad que precisan los colectivos más vulnerables y desde una clase política que no gobierne a golpe de encuestas sino con responsabilidad y mirando al futuro.

La Unión Europea va a exigir a España importantes reformas estructurales para liberar los 140.000 millones de euros que permitan a la economía nacional superar esta crisis y de esta forma consolidar los sectores y las actividades bien gestionadas.