Un mes después de la primera sesión del juicio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial reanudó ayer la vista contra dos acusados de tráfico de drogas a las puertas del Hospital Nacional de Parapléjicos con la misma imagen que la anterior, la de L.C.E.A, una mujer colombiana en silla de ruedas sola mientras el otro acusado se encuentra en paradero desconocido, algo que se repite también con el paciente que salió a la puerta del centro hospitalario la mañana en la que había quedado con el acusado para comprar droga, que tampoco se ha presentado al juicio y ha sido necesario incorporar su declaración manuscrita como prueba.
La sesión de ayer arrancó con la lectura de esa declaración en la que el paciente admite que consumía droga, y que H.A.L, también de nacionalidad colombiana, se la había suministrado en trece o catorce ocasiones. El acusado era conocido en Toledo, sobre todo, en el ámbito policial por el menudeo. Según el escrito, la otra acusada «estaba al corriente del negocio», le ofreció droga e incluso «se beneficiaba» con estas operaciones. Eso sí, ella nunca le proporcionó la cocaína ni tampoco recibió dinero cuando se producían los intercambios.
Los hechos volvieron de nuevo a la sala. Una fría mañana del 26 de febrero de 2013 se acercó un vehículo, marca Renault Megane, a la puerta del Hospital de Parapléjicos en el que viajaban los acusados para quedar con el paciente que supuestamente iba a comprar cocaína. Pero una llamada a la Policía Nacional de parte del personal de seguridad del centro sanitario frustró la operación, logró la detención de los acusados y la localización de nueve gramos de cocaína distribuidos en 16 envoltorios en el interior del faro delantero del vehículo, a los que se sumaron casi 1,5 gramos más de cocaína que permaneció escondida debajo del asiento del conductor.
Esta declaración era la única prueba que faltaba para dar por concluido el juicio, que se suspendió el 15 de enero porque se trataba de un escrito a mano que no se leía bien y era necesario realizar la lectura con calma. En este caso, la abogada de la defensa subrayó que esa declaración «no ha sido ratificada» en estos siete años que ha durado el proceso, con lo que considera que no es muy adecuado aportarla como prueba para mantener la acusación de esta mujer que siempre ha defendido su inocencia, ha mantenido la misma versión, vive «con austeridad» gracias a su pensión y nunca ha llevado una vida ostentosa que pueda llevar a sospechar que trafica con drogas.
«Soy inocente, pero el daño moral y la vergüenza que he pasado ha sido mucho peor que quedarme en esta silla de ruedas», comentó la acusada antes de que finalizara la sesión. Cogió el micrófono con tranquilidad y aseguró que si no fuera inocente «no estaría» en la sala o hubiera aceptado el acuerdo de la fiscal, que implicaría la declaración de culpabilidad y una rebaja de la condena, «pero es injusto» y señaló que lo rechazó.
para sentencia. Las conclusiones de las partes se mantuvieron y su exposición fue breve. La fiscal apunta que la implicación de la acusada es clara, según la declaración del paciente que compraba droga al otro acusado ,y cree que la versión «de su despecho sentimental» por la negativa de ella para mantener una relación sentimental, tal y como la acusada mantuvo en su declaración en la sesión anterior, no se sostiene. Por tanto, solicita cuatro años de prisión, una multa de 1.232 euros y la expulsión del país para ella, y otra condena igual para el acusado que no comparece.
Por contra, la abogada de la defensa apoya sus argumentos en que la procesada no tiene antecedentes penales ni hay indicios de que haya vendido droga. Además, aseguró que ha colaborado con la Justicia para esclarecer el caso, que vive con la pensión que le conceden por su minusvalía del 84%y considera que fue víctima «de una encerrona» por parte del paciente que consumía al negarse a mantener relaciones sexuales con él.
La letrada insistió en que el único fallo de su representada fue montarse en aquel coche para que el acusado le acercara a su revisión médica en el hospital. Con todo, solicitó la absolución, insistió en que «no se ha desvirtuado la presunción de inocencia» y que su conducta «no es reprochable jurídicamente».
Además, también criticó «la dilación del procedimiento», que lleva siete años en los tribunales para que cuente como atenuante si finalmente el tribunal la declara culpable, dejó caer que la pena solicitada «es desproporcionada» porque la droga podía ser para consumo propio y dio a entender que la custodia de la droga «no ha quedado acreditada». Ahora le toca el turno al tribunal, que emitirá la sentencia en unos días.