El Govern no ha encontrado aún ningún banco que avale las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat -a quienes reclama fianzas de 5,4 millones de euros por la promoción del procés en el exterior- cuando faltan 24 horas para que este miércoles venza el plazo límite.

Así lo ha anunciado tras la reunión semanal del Govern el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien ha añadido que su administración evitará comprometer a los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en la operación

El pasado 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado con dinero público el referéndum unilateral del 1-O en el extranjero.

Un total de 31 de los 34 ex altos cargos del Govern afectados, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se han acogido a este Fondo Complementario de Riesgos creado para avalar esas sumas.

Tras la reunión semanal del Govern, Giró ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que, pese a que el ejecutivo catalán ha trabajado "con celeridad" para encontrar una solución, ninguna entidad bancaria consultada se ha prestado a colaborar.

"Las primeras entidades financieras con las que hemos contactado, bancos o cooperativas de crédito, todos ellos con un negocio significativo en Cataluña, no han considerado oportuno aceptar nuestro ofrecimiento de formalizar la garantía de esta operación", ha reconocido.

Según Giró, "esta operación no tiene ningún riesgo técnico, financiero, jurídico ni comercial", pero los bancos se han podido sentir amedrentados por declaraciones "muy subidas de tono" de "partidos de derecha y extrema derecha", que denunciaban que este fondo implicaba "fraude de ley, prevaricación y malversación".

"Mucho ruido y poco tiempo", ha constatado Giró como razón que explicaría la negativa de los bancos contactados, que han podido sentir "miedo".

Pese a ello, aunque mañana miércoles venza el plazo límite para abonar las fianzas, el Govern "persistirá" en busca de una entidad bancaria que esté dispuesta a colaborar, aunque sea en tiempo de descuento, si bien no ha concretado si ahora llamará a la puerta de bancos extranjeros.

"Confío en que a lo largo de los próximos días los contactos nos permitirán incorporar una entidad a la operación", ha asegurado.

Los encausados garantizarán la fianza con sus bienes

En caso de no encontrar un banco que entre en la operación, la mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern depositarán bienes y propiedades personales para cubrir al máximo la suma exigida dentro del plazo fijado, que vence mañana.

Según han informado fuentes jurídicas, los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada "caja de resistencia".

En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas.

Se descarta el ICF

Mientras tanto, los partidos y entidades independentistas y la Caja de Solidaridad -que acumula donativos para ayudar a hacer frente a procesos judiciales por el procés- ya están buscando reunir todo el dinero posible para "cubrir la urgencia" de las fianzas, a la espera de que surja un banco que entre en la operación.

Lo que ha descartado Giró, pese a ser una alternativa contemplada en el decreto que aprobó el Govern, es que el ICF se haga cargo provisionalmente de las fianzas si no surge ningún banco.

"He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes vividos en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo, tanto a ellos como a sus familias", ha explicado.

Involucrar el ICF en la operación, ha dicho, "era correr un riesgo innecesario", teniendo en cuenta las "amenazas" dirigidas a este organismo en las últimas semanas por parte de quienes alertaban de que sus trabajadores podían acabar siendo procesados.

De momento, según Giró, aunque no haya banco avalador, el fondo creado por el Govern sigue en pie, a la espera de que el Parlament convalide el decreto de su creación, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias dictamine, antes del 29 de julio, sobre su legalidad.

Asimismo, Giró ha acusado al Tribunal de Cuentas de ser un "organismo politizado" y ha denunciado que en España "la justicia se está transformando en venganza".