Parece que ni el Gobierno de España ni el de Castilla-La Mancha quieren verse en los tribunales por la Ley para una Sociedad libre de Violencia de Género que aprobaron las Cortes regionales a finales del año pasado. Acomienzos de este 2019, el presidente de la Junta, Emiliano García-Page soltó la liebre al dejar caer que había rumores sobre un posible recurso de Moncloa contra esta normativa, aunque matizó que era por motivos competenciales, no por el fondo de la ley. Al final eran más que rumores y antes de acabar en la vía judicial se han abierto negociaciones sobre los tres artículos en los que hay discrepancias.  

Así lo ha acordado la  Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Lo ha formalizado publicando dicho acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. A partir de ahora se creará un grupo de trabajo para ver cómo limar esas discrepancias en los tres artículos en cuestión, el que reconoce como violencia de género el acoso sexual o manifestaciones de índole sexual, el que permite dar asistencia jurídica gratuita incluso en los supuestos que no recoge la normativa nacional y el que prohíbe dar ayudas públicas a las empresas sancionadas por prácticas laborales discriminatorias.

«Son cuatro comas lo que quieren cambiar, es algo irrelevante», comentó esta mañana el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando. Aunque sean solo cuatro comas, como él dice, reconoció que estas negociaciones son «un paso previo para intentar evitar los tribunales». Yen caos de dejarlo en manos de un juez, Hernando insistió en que el hecho de que recurra Moncloa no les da la razón. Con la Ley antifracking perdieron el recurso, por ejemplo.

El portavoz concluyó que «el problema es que es una ley demasiado avanzada, aunque esté en nuestras competencias». Por eso cree que hay ciertos matices en los que choca con la normativa nacional. En su opinión, se podría solucionar si el Gobierno de España se decidiera a legislar sobre esta materia de manera tan avanzada como Castilla-La Mancha. «Aunque el Gobierno de España firmó el Pacto de Estambul , no lo ha desarrollado, pero nosotros sí», recalcó.

El Gobierno regional ve discutible los cambios fiscales sobre la concertada

En relación a las novedades fiscales para los padres con hijos en la concertada, Hernando señaló que «es discutible que, sin haber cambiado una coma, se haga una interpretación distinta de lo que se venía haciendo hasta ahora y que, en lugar de donación, se considere una cuota». «Nosotros no lo entendemos así», añadió. Sobre los becarios, coincide en mejorar la normativa para impedir abusos, pero añade que ya están recibiendo avisos de empresas que no podrían asumir las prácticas de los universitarios que las necesitan para sus titulaciones.