Fiscalía mantiene la acusación por la falsedad de las firmas

J.M.
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El exdirector de la sucursal negó la estafa y dijo que los denunciantes firmaron ante notario

Fiscalía mantiene la acusación por la falsedad de las firmas - Foto: VÁ­ctor Ballesteros

El fiscal terminó ayer las conclusiones ante la Audiencia Provincial con una cita del escritor Molière: «Somos fácilmente engañados por quienes estimamos». Así cerraba su intervención acusatoria contra F. A. M., el que fue director de la sucursal de CCM (ahora Liberbank) hasta 2013 en la localidad de Las Herencias, a unos 10 kilómetros de Talavera. El representante público le atribuye un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con uno continuado de estafa contra un matrimonio cliente de la entidad, con la base pericial de la Policía Nacional de que las firmas de ambos fueron falsificadas. El denunciado, por su parte, negó los hechos, y la abogada pidió la absolución.

«Se trata de dar mayor credibilidad a uno u otro», dijo el fiscal, quien hizo hincapié en la evaluación pericial de que las firmas de E. J. C. y M. P. S. C. fueron falsificadas en la petición de tres cuentas de crédito entre los años 2006 y 2010, con un perjuicio económico de 110.300 euros, Asimismo, mencionó que la Policía Nacional sí reconocía en uno de los documentos la firma propia de F. A. M. en calidad del director de la sucursal. «El medio para el engaño era la confianza», indicó el fiscal, quien pide cinco años de cárcel al individuo por la alta cantidad económica y por el vínculo personal y profesional con los denunciantes y reclama una indemnización de 110.300 euros. También señaló a la entidad CCM (ahora Liberbank) como responsable civil subsidiaria de los 110.300 euros

La defensa, por su parte, pidió la absolución porque, según subrayó, los denunciantes acudieron a una notaría para firmar las cuentas de crédito. Además, apuntó que F. A. M. no realizó ninguna maniobra encubridora. Asimismo, sembró la duda sobre los denunciantes porque «resulta difícil de creer» que durante 10 años mantuvieran la confianza en el acusado. En su intervención, la abogada, quien consideró que en todo caso se podría acusar de un delito de apropiación indebida pero no de estafa, reclamó la atenuante por dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, en caso de condena por parte del tribunal.

Los especialistas de la Policía Nacional confirmaron que las firmas de los documentos no fueron realizadas por los supuestos autores «con total seguridad», aunque no pudieron confirmar al cien por cien que el que hizo la falsificación fuera el acusado.

Las cuentas de crédito resultaron abiertas el 30 de noviembre de 2006 con un saldo de 32.000 euros, el 13 de marzo de 2008 con un saldo total de 39.300 euros y el 6 de julio de 2010 con una cantidad de global de otros 39.000 euros.

«Soy totalmente inocente. Todas las pólizas las firmaron en notaría. Jamás he falsificado firma alguna», dijo F. A. M. en la participación última que concede el tribunal al acusado.

El acusado fue director de la sucursal de Las Herencias entre 1992 y 2013 y tiene un vínculo familiar con la denunciante porque es prima de su madre. F. A. M. defendió en su declaración que el matrimonio firmó todas las pólizas de las cuentas de crédito ante notario, teniendo en cuenta que tenían sus cuentas «en números rojos». «No hice créditos sin el consentimiento de ellos», aseveró antes de apostillar que el objetivo de la pareja con este proceso judicial es «sacar dinero».

El denunciante manifestó que no comprobaban apenas la cartilla cuando entregaban el dinero en efectivo en su negocio a F. A. M., un vínculo fundamentado en la confianza. Incluso tampoco sospechó cuando el banco avisaba de anomalías en la cuenta. «No necesitábamos los créditos», comentó al respecto y negó que acudieran a una anotaría.

La esposa y también denunciante negó también la apertura de créditos y señaló que pidió explicaciones a F. A. M. tras la comunicación del banco de la solicitud de un préstamo, pero el acusado le aseguró que no se preocupara por esta circunstancia.

El juicio en la Audiencia Provincial congregó a un público numeroso, entre los cuales aseguraban que se encontraban más perjudicados por la manera de proceder del acusado.