Hay proyectos que nacen con estrella y otros estrellados. Esto últimos es lo que ocurre con el Instituto de Medicina Legal de Toledo, un edificio que no termina de materializarse a pesar de las necesidades de los forenses y de su entrada y salida de las agendas políticas desde  2008, un año muy significativo porque comenzó a idearse con previsión de iniciar la construcción dos años más tarde. En principio, parece que la suerte estaba de cara otra vez porque en otoño la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia puso en marcha la licitación para la redacción del proyecto, pero el proceso continúa en el aire a pesar de que se presentaron quince empresas, sin fechas, sin explicaciones ni avances desde hace más de seis meses.

La licitación estaba bien armada y estaba prevista la apertura económica para inicios de diciembre, pero la administración explicó en su momento a La Tribuna que se produciría un pequeño retraso porque  la Junta de Contratación estaba a la espera «del informe técnico por parte de la unidad proponente de la licitación». Sin embargo, no se ha  avanzado en la licitación desde hace siete meses y no se sabe muy bien si la demora obedece en buena parte a la paralización de la actividad derivada del periodo del estado de alarma por el coronavirus o  a algún problema técnico. En cualquier caso, todo indica que este concurso para la redacción del proyecto del edificio tardará en adjudicarse, ya que en periodo vacacional de verano es más complicado dar  un impulso a a las tramitaciones.

Esta licitación estaba pasando bastante desapercibida para la opinión pública a pesar de su importancia y de tratarse de un proyecto  urgente y necesario para la plantilla de forenses de Toledo, obligada a realizar su trabajo en varias instalaciones dispersas  y no dispone de una sala de autopsias en condiciones y utiliza las dependencias del cementerio municipal desde hace años.

De cara al procedimiento, el Ministerio de Justicia ha conseguido recabar la oferta de quince empresas, la mayoría concursa en unión temporal de empresas (UTE), pero también hay potentes despachos de arquitectura, como el Andrés Perea Ortega y Aranguren& Gallegos y Arquitectos, entre otros, interesados en esta infraestructura que repetirá un modelo similar a otros institutos de medicina legal construidos en los últimos años.

En la licitación se ha incluido un presupuesto base e licitación de 485.250 euros. Como suele ser habitual en estos procedimientos la oferta económica puntuará alto en la adjudicación, aunque también se tendrá en cuenta la solución arquitectónica al programa funcional, el plan de control de calidad y la cualificación del personal adscrito al contrato, entre otros criterios técnicos. También está previsto que la licitadora tenga listo el proyecto de este edificio que se levantará en la calle Dinamarca en un plazo de 21 meses como máximo.

la infraestructura. El edificio se construirá, aunque aún no se ha puesto fecha, sobre una parcela de 2.150 metros cuadrados que permite una edificabilidad ilimitada y una ocupación en planta del 100%. Contará con sótano, semisótano, planta baja y primera. Además, se plantea un aparcamiento en superficie por razones de seguridad de, al menos, 30 plazas, según recoge el pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

La documentación especifica que en el sótano se ubicarán las instalaciones generales, las específicas (digestores, depósito de gases, informática y cuarto de calderas, el almacén, el archivo y un ascensor para camillas y piezas de almacén. En la planta semisótano se habilitará un acceso para el furgón, la recepción de cadáveres, el almacén de suministro de gases medicinales, la sala de autopsias, los aseos y vestuarios, la sala de cámaras frigoríficas, la de raso x, la de identificación de cadáveres con acceso al personal externo y la zona del  personal de guardia. Además, la planta baja acogerá la recepción, las consultas externas, las salas de espera, los despachos y otras dependencias administrativas. Por último, la planta primera incluirá la biblioteca, la sala de juntas, un aula de formación, los despachos de los forenses, entre otras dependencias.

El proyecto lleva años de vaivenes, incluso para la cesión de los terrenos que formalizó el Ayuntamiento de Toledo con el Ministerio de Justicia hace diez años tras un largo periodo de conversaciones para abordar la tramitación y los criterios de la cesión a 75 años. En aquellos momentos comenzaron a figurar partidas en previsión para levantar un edificio con un coste que superaba los tres millones de euros y la crisis de 2011 lo aparcó sin fecha.