El Tajo parece que ha entrado en la agenda política nacional. La última sentencia del Tribunal Supremo, que ha tumbado parte de su plan de cuenca porque no asegura el caudal ecológico del río, ha resucitado en Madrid el debate sobre la ‘batalla por el agua’ entre Castilla-La Mancha y el Levante. Algo de lo que no se hablaba seriamente en el Congreso desde el 2010, año en el que se devolvió a Castilla-La Mancha una propuesta de reforma del Estatuto que planteaba primero el cierre y después la reducción de los trasvases al Segura, y que  fue duramente atacada por el bloque murciano-valenciano. Si bien es verdad que hubo un amago fallido de poner en marcha un grupo de trabajo para negociar un gran pacto nacional en 2016. Pacto que quedó en una mera declaración de intenciones del PP, entonces en la Moncloa. 

En las últimas semanas se han registrado en la Cámara Baja hasta seis preguntas al Gobierno sobre el Tajo, tanto sobre su situación medioambiental, francamente mejorable, como sobre el futuro del Tajo-Segura.

Una de ellas es la registrada por la  diputada Eva García Sempere a petición de IU en Castilla-La Mancha, donde se recrimina al Ejecutivo central en funciones el que «no haya habido ningún cambio en la política de trasvases» en los tres meses que han pasado desde que se conociera el fallo del Supremo. Es más, se ha autorizado el envío de 60 hectómetros cúbicos más al Levante en este tiempo, lo que supone «el máximo» posible en la actual situación de sequía y situando al Tajo en una situación de «no retorno», según denuncia.

En este sentido, desde Unidas Podemos se exige al Ejecutivo que aclare qué medidas va a poner en marcha para fijar -y cumplir- con los caudales ecológicos del Tajo a su paso por ciudades como Toledo, Talavera y Aranjuez. Así como su intención, o no, de cumplir con las recomendaciones de la UE para mejorar la cuenca media del Tajo, de la que «no se han cumplido ni una sola de ellas» desde que se plantearon, allá por 2016.

El Partido Popular también ha estado al quite de la cuestión estos días, tanto desde su organización en Castilla-La Mancha como en el Levante.

La preocupación de los ‘populares’ valencianos  en torno a cómo tiene pensado el Ejecutivo de Sánchez cumplir con el mandado del Supremo es clara. Así al menos se deduce de las varias peticiones remitidas a la Mesa del Congreso por el diputado alicantino César Sánchez Pérez. Preguntas donde se cuestiona sobre las intenciones del Gobierno de modificar, o no, las actuales normas que rigen el trasvase. Es decir, el más conocido como Memorándum del Tajo-Segura, firmado en 2014 por el Gobierno de Rajoy y las comunidades afectadas (Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid), todas ellas entonces gobernadas por el PP. Un Memorándum que obliga a trasvasar todos los meses una cantidad determinada de agua, sea necesario o no, si las reservas de los pantanos de cabecera del Tajo se sitúan por encima de los 400 hectómetros cúbicos.

Asimismo, Sánchez Pérez recrimina a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haberse reunido aún con el presidente de la Federación Nacional de Regantes, José Andújar, y con el presidente del todopoderoso Sindicato del Tajo-Segura, Lucas Jiménez. «¿Cuándo piensa reunirse con ellos para abordar las incertidumbres del sector?», le insiste.

Desde Castilla-La Mancha, son los dos diputados ‘populares’ por Toledo, Vicente Tirado y Carmen Riolobos, los que cuestionan al Gobierno sobre el Tajo y su situación. En sendas preguntas para su respuesta por escrito, requieren información sobre cuestiones como cuántas veces se ha quedado el Tajo por debajo de los 10 metros cúbicos por segundo -caudal mínimo marcado por el Memorándum para el río a su paso por Toledo y Talavera- en 2018 y lo que va de 2019.

Asimismo, reclaman explicaciones al Gobierno sobre los compromisos adquiridos por la ministra en funciones de Transición Ecológica, la ya citada Teresa Ribera, en su reunión con las Plataformas en defensa del Tajo y el Alberche. Encuentro celebrado a primeros de junio y donde la ministra se habría comprometido a «cambiar la situación del río Tajo», según confirmaron los asistentes a este medio.

Que vuelva a hablarse del Tajo en Madrid es algo que, a priori, supone una buena noticia para Castilla-La Mancha. El problema está en que, como ha ocurrido siempre, este debate no llegue finalmente a puerto alguno. La situación política no ayuda, con un Congreso de los Diputados paralizado al menos hasta el mes de septiembre a cuenta de la investidura fallida de Pedro Sánchez.

 En este sentido, desde el PSOEde Castilla-La Mancha lo tienen claro: como apunta el número dos del partido, Sergio Gutiérrez, es necesario que el Congreso «facilite un Gobierno de España que cumpla esas sentencias cambiando el memorándum que pactó Cospedal con Rajoy y que solo beneficiaba al Levante». 

Y es que, como advierte, «moral y legalmente tenemos la batalla ganada», pero con esto no vale, «hay que esforzarse en el cambio de las reglas de explotación del trasvase, en cumplir los caudales ecológicos y que los planes de cuenca se traduzcan en propuestas legislativas concretas». De momento, Moncloa quiere presentar el nuevo plan de cuenca del Tajo en septiembre. Se verá entonces.