El año 2019 ha concluido con la cifra récord en contratación de personas con discapacidad en toda España -117.818 contratos- anotando con ello el séptimo año consecutivo de incremento en su empleo.  En Castilla la Mancha, también se ha alcanzado el máximo histórico, con 5.536 contratos, de los cuales un 20% se han producido en Toledo.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: «continúa la tendencia alcista iniciada en 2015 en Toledo, con datos positivos que son reflejo de un mercado laboral más inclusivo, en el que se consolida la voluntad de las empresas, no solo de cumplir con una ley, sino de generar entornos diversos como sinónimo de competitividad». Asimismo, añade que: «se trata sin duda de una cifra a celebrar, que aleja a las personas con discapacidad de estigmas tan arraigados como la inactividad y la dependencia».

Por otra parte, según Mesonero: «parece que la economía aguanta la ralentización, pero hemos de estar preparados para ciclos económicos negativos, de modo que no se ceben con los de siempre y las personas con discapacidad vuelvan a ser las más afectadas. Es vital profesionalizar y dotar de rigor a las estrategias de Diversidad & Inclusión, que apuesten por procesos de selección por competencias en los que no haya lugar a la discriminación».

A pesar del avance en la contratación, advertimos que, nuevamente, la modalidad predominante de contratación es el Centro Especial de Empleo, es decir, entornos protegidos formados por un 70% de trabajadores con discapacidad, como mínimo, y diseñados específicamente para las personas con discapacidad.

A día de hoy, la legislación establece que los Centros Especiales de Empleo (CEE) han de constituir, siempre que sea posible, un trampolín hacia la empresa ordinaria, aquella en la que la persona con discapacidad desempeña un puesto de trabajo en un entorno convencional en el que aportan su talento y competencias como cualquier otro profesional. Sin embargo, hoy en día, esta modalidad se está convirtiendo en un fin, en lugar de constituir un medio. De hecho, en Toledo un 60% de los contratos firmados por personas con discapacidad en 2019 -664 de los 1.105- tuvieron lugar en el ámbito protegido.

En esta línea, Mesonero comenta que: «las cifras reflejan que los CEE, un sistema de protección necesario y transitorio, constituyen en la práctica en una medida finalista. De este modo, aunque se incrementa la participación de las personas con discapacidad en el empleo, no se avanza lo suficiente en la normalización de la discapacidad en nuestra sociedad. Es en la empresa ordinaria donde el concepto inclusión alcanza su plena coherencia, pasando la discapacidad pasa a un segundo plano y prevaleciendo el talento y las competencias profesionales». 

Por último, el directivo concluye que: «siguen faltando indicadores cuantificables y objetivos de tránsito hacia el empleo ordinario, que garanticen el carácter transitorio de los CEE, en los casos en los que sea posible».